El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú (Mincetur) señaló que esta decisión es “otro triunfo para el Perú” y “una nueva noticia positiva para los transportistas peruanos”.
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Añadió que la diferencia de precios en el combustible afectaba los costos logísticos de los transportistas, causando la pérdida de competitividad del comercio exterior peruano.
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“Ante la publicación de este fallo, el TJCAN ha ordenado a Bolivia que, en un plazo máximo de 90 días, adopte las medidas necesarias para que cese la conducta que ha sido declarada como contraria al ordenamiento jurídico comunitario andino”, dijo.
El ministerio informó que este es el segundo caso, en un periodo de un mes, en el que Perú “logra una victoria” en el TJCAN, ya que una denuncia similar fue interpuesta contra Ecuador “con un resultado positivo para el país”.
La Comunidad Andina falla a favor de Perú y los transportistas pueden competir
El ministro de Comercio, Juan Carlos Mathews, aseguró en el comunicado que esta sentencia “muestra el compromiso que mantiene el Mincetur por defender a los operadores del comercio exterior peruano en las distintas instancias, en coordinación con los sectores concernidos”.
En ese sentido, sostuvo que espera que los gobiernos de Bolivia y Ecuador “acaten lo ordenado por el TJCAN en el plazo establecido, con el objetivo de que nuestros transportistas puedan competir en igualdad de condiciones en dichos países”.
La demanda peruana consideró que la conducta adoptada por Bolivia vulnera los principios de Trato nacional, no discriminación, y libre competencia, previstos en las decisiones andinas 398, 837 y 608, así como el artículo 4 del tratado de creación del TJCAN, tal como ha sido recogido en la sentencia.
El Mincetur remarcó que la decisión “es definitiva y vinculante” para los países miembros de la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) por lo que Perú podrá solicitar al TJCAN el inicio de un procedimiento sumario si no es acatado.
En agosto de 2020 la secretaría general de la Comunidad Andina ya había declarado a Bolivia “en situación de incumplimiento del ordenamiento jurídico comunitario”, anotó.