El ministro de Justicia, Flávio Dino, explicó en rueda de prensa que, mediante esa nueva normativa, las empresas de redes sociales deberán ser más estrictas con los contenidos, fiscalizar el grado de “amenaza” y colaborar “inmediatamente” con la Policía en la debida “identificación” de usuarios “peligrosos”, entre otras exigencias.
Admitió que encontró cierta resistencia en los representantes de Twitter, pero aclaró que ya ha sido superada, y subrayó que todo incumplimiento será sancionado con multas o incluso con un “bloqueo” en internet.
“Estamos viendo que hay una situación de emergencia que ha generado ataques o amenazas, así como pánico en el seno de las familias y las comunidades escolares”, y “en ese contexto se ha decidido adoptar medidas prácticas, concretas” y “específicas” para contenidos que supongan amenazas a las escuelas, explicó.
En las últimas cuatro semanas, han ocurrido cuatro atentados en escuelas primarias y al menos uno de ellos se cree que fue promovido por alumnos vinculados a grupos de internet en los que se exaltan lo que el Gobierno califica de “masacres escolares”.
El más grave de esos ataques, que han dejado varios heridos, ocurrió en la ciudad de Blumenau, en el sur del país, donde un hombre de 25 años ingresó armado con un hacha a una guardería y asesinó a cuatro niños e hirió a otros cuatro.
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