El archivo, compuesto por unas tres toneladas de documentos declarados por la Unesco Patrimonio Documental Mundial, fue descubierto en una instalación de la Policía en la localidad de Lambaré, el 22 de diciembre de 1992.
El juez José Agustín Fernández ordenó una operación de registro en esa ciudad vecina a Asunción, en respuesta a un pedido de Hábeas Data presentado por Martín Almada, una figura incluida en la Constitución paraguaya de 1992.
La prueba
Fernández acudió junto a una comitiva judicial y medios de prensa hasta el Departamento de Producciones de la Policía para un allanamiento que, según la directora del Centro de Documentación y Estudios (CDE), Myriam Angélica González, representó "un acto político de gran relevancia a inicios de la transición democrática" en el país tras el derrocamiento de Stroessner.
González, coautora de la obra "Es mi informe. Los archivos secretos de la Policía de Stroessner", consideró que con el hallazgo de miles de documentos que habían sido "descargados" en un depósito de esa dependencia policial se hizo evidente "la verdad".
Para esta experta, que apoyó en el trabajo de clasificación, estos archivos eran la "rúbrica de la represión" en un país del que la comunidad internacional empezó a hacerse eco fines de los años 70, cuando las acciones represivas se hicieron más fuertes.
Lo hallado, según el libro "Es mi informe", incluye carpetas con información sobre partidos políticos y sindicatos, casetes con grabaciones de conferencias, homilías, discursos o programas radiales, así como fichas de detenidos, entre otros.
De allí que advierta que se trata de una "verdad a medias" o "una verdad contada y escrita por el régimen", especialmente en el caso de las declaraciones, que se hicieron después de torturas.
En todo caso, destacó que lo documentado permitió establecer diferentes hechos, abrir numerosos procesos judiciales y especialmente aportar a "otra verdad regional", como fue la "Operación Cóndor".
Ese operativo, coordinado por Washington, permitió perseguir a los opositores de las dictaduras del Cono Sur de América, entre 1970 y 1980.
Treinta años después, esta investigadora considera que Paraguay "continúa construyendo su democracia" y confió en que esos archivos sirvan como referencia para decir "esto vivimos y no queremos vivir más".
Treinta aniversario
Como recordatorio, victimas de la represión, familiares, activistas y autoridades se dieron cita este jueves en el Museo de la Justicia, en la sede del Poder Judicial paraguayo, donde reposa el Archivo del Terror.
Entre los asistentes se encontraba Almada, de 85 años y ahora conocido como el descubridor de estos archivos, y su esposa, María Stella Cáceres, actual directora del museo de Las Memorias.
Almada, quien fue galardonado con el Premio Nobel Alternativo y ha sido pedagogo y activista, expresó a EFE su preocupación porque la democracia en Paraguay "está muy debilitada" y "muy resentida".
Por su parte, Cáceres expresó “una gran emoción de recordar ese día”, pero lamentó que “el sello, 30 años después, es la impunidad en Paraguay”.