La toma lleva ya tres días, tras iniciarse el pasado lunes cuando anunciaron una serie de movilizaciones.
Entre sus reclamos figuran: viandas con alimentos que no llegan a las escuelas en cantidad suficiente ni en calidad digna, así como mejoras edilicias.
La Coordinadora de Estudiantes de Base también pide evitar “reformas inconsultas”, ya que rechazan las prácticas laborales obligatorias en empresas y organizaciones; “un modelo de educación con la comunidad educativa adentro”, y que se deje de "perseguir políticamente a los centros de estudiantes".
La toma de colegios se extendió hoy al colegio Carlos Pellegrini, que depende de la Universidad de Buenos Aires.
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Paro estudiantil
“Cuando tomamos el colegio, automáticamente las autoridades, los docentes, los preceptores o autoridad a cargo del colegio, tiene que retirarse del establecimiento, apenas firmamos un acta donde nos comprometemos a cuidar el colegio”, dijo la presidenta del centro de estudiantes del Pellegrini, Micaela Güera de Souza, a radio Mitre en la puerta de la escuela, donde aseguró que cuentan con su propio candado para cerrar el edificio.
Los jóvenes que toman las escuelas se quedan a dormir en los colegios y evitan el dictado de clases, en tanto el Gobierno de Buenos Aires ha denunciado que además vandalizan los edificios.
Para el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, las tomas “forman parte de una manifestación política incentivada por el kirchnerismo”, ya que Buenos Aires está gobernada por Juntos por el Cambio, la principal coalición opositora a la del Frente de Todos, que gobierna la nación.
El Gobierno capitalino respondió con denuncias en la Justicia tras poner en funcionamiento el protocolo vigente: ante la toma de una institución por parte de los menores de edad, los rectores se comunican con los padres y, en caso de que no retiren a los jóvenes o avalen la toma, se les eleva una denuncia penal por la ocupación de un espacio público y una demanda civil por el costo al que incurre el Estado.
El Gobierno de Buenos Aires impulsó “las denuncias penales y las demandas civiles a los adultos responsables de los estudiantes que participan”, confirmó la ministra de Educación de Buenos Aires, Soledad Acuña, en su cuenta de Twitter, porque “el costo de las tomas lo pagan los chicos con días perdidos de clase y los ciudadanos que sostienen la educación pública con sus impuestos”.