El senador Cruz, según se puede leer en su carta enviada a la Secretaría de Estado, pidió designar a la vicepresidente de Argentina como “corrupta” y prohibirle la entrada a ella y a toda su familia a Estados Unidos, tal como procedieron con la designación de “significativamente corrupto” al vicepresidente paraguayo Hugo Velázquez, el pasado 12 de agosto.
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“La evidencia que respalda los cargos en contra Cristina Fernández de Kirchner es pública, creíble y ahora respaldada por el sistema judicial argentino”, dice la nota, que en el mismo párrafo señala que según se pudo verificar las acciones de la gobernante argentina son “como o más significativas que las evidencias presentadas para justificar la designación contra Velázquez”.
El legislador republicano mencionó en dos ocasiones en su nota enviada a la Secretaría de Estado estadounidense al vicepresidente Velázquez.
Persecución judicial
La agencia EFE informó que el canciller argentino, Santiago Cafiero, reaccionó y sugirió que la “persecución judicial” a la vicepresidenta del país, Cristina Fernández de Kirchner, está impulsada por “intereses ideológicos que nacen fuera de la Argentina”, luego de que un fiscal solicitara una pena de doce años de prisión contra la también exmandataria (2007-2015) por presuntos delitos de corrupción.
Posteriormente, el diputado brasileño Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ratificó en su perfil de Twitter su "apoyo" al pedido de sanciones contra la vicepresidenta argentina.
“Uno más ignorante que el otro. Pero hay algo que dejan en relieve: la persecución judicial a Cristina Fernández está impulsada por intereses ideológicos que nacen fuera de la Argentina”, afirmó este viernes Cafiero en esa misma red social, acompañando su mensaje con sendas capturas de los dichos de Cruz y de Bolsonaro hijo sobre esta cuestión.
"Cuidemos nuestra democracia. Todas y todos con Cristina", agregó el ministro de Exteriores argentino.
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El caso contra Cristina
El pasado lunes, el fiscal federal Diego Luciani pidió a un tribunal que, además de condenar a la vicepresidenta argentina a doce años de prisión, la inhabilite a perpetuidad para desempeñar cargos públicos, en el marco de un juicio por presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas cuando era presidenta.
El fiscal considera que está probado que Cristina Fernández fue la "jefa" de una asociación ilícita que causó un millonario perjuicio económico al Estado.
La vicepresidenta dijo que no hay pruebas que acrediten tales acusaciones durante una comparecencia pública el martes, después de que el tribunal que le juzga le negara la posibilidad de ampliar su declaración indagatoria.
Los presidentes de Colombia, México, Bolivia y Argentina difundieron este miércoles un comunicado conjunto en apoyo a Cristina Fernández, víctima de lo que, entienden, constituye una “injustificable persecución judicial”.
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