Unos incendios, algunos de grandes dimensiones, que causaron la muerte de tres personas, informó la ministra portavoz del Gobierno de España, Isabel Rodríguez, quien destacó que se evacuó a más de 27.500 personas, por lo que el Ejecutivo pretende, además, complementar con ayudas a los afectados por este tipo de catástrofe.
Rodríguez, en rueda de prensa posterior, indicó que el Gobierno ha aprobado una serie de mecanismos para agilizar la gestión de las ayudas, complementarios a los de los ministerios del Interior y de Administraciones Públicas.
Así, se declaran zonas afectadas gravemente por emergencias de protección civil las comunidades de toda la geografía nacional (Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco y La Rioja).
En todos los casos, estos incendios alcanzaron tal gravedad que las regiones afectadas activaron sus planes de protección en una situación operativa de niveles 1 o 2, como establece el Plan Estatal General de Emergencias, según el Ministerio del Interior.
Los incendios, además, causaron un grave daño medioambiental y provocaron graves desperfectos en infraestructuras y en bienes públicos y privados, así como en cultivos y explotaciones agropecuarias, polígonos industriales y otras instalaciones productivas, si bien, según el Ejecutivo, en este momento no pudieron ser todavía cuantificados con precisión.
Las medidas de recuperación previstas, cuya ejecución corresponde al Ministerio del Interior, contemplan ayudas directas por fallecimiento o por incapacidad absoluta y permanente, por destrucción total de la vivienda o por daños que afecten a la estructura de la vivienda habitual, entre otras.
Asimismo, el acuerdo prevé adoptar otras medidas de ayuda como declarar determinadas zonas de actuación especial, concesión de ayudas por daños en producciones agrícolas, ganaderas, forestales y de acuicultura marina, entre otras.
Una vez que se elabore un informe detallado sobre los daños causados por los fuegos y se disponga de una valoración técnica de su cuantía, el Gobierno, en colaboración con las administraciones autonómicas y locales, podrá completar este real decreto con otras medidas complementarias a las adoptadas por las administraciones territoriales a las que corresponde la competencia en materia de protección civil.
Una decisión que se adoptó en una jornada en la que medios aéreos y terrestres continúan trabajando un día más en el incendio de la localidad de Bejís, en la provincia de Castellón (este del país), que ayer, una semana después de declararse, se dio por estabilizado y cuya evolución sigue siendo positiva con todo el perímetro controlado, sin que se hayan producido reproducciones durante la noche.
Entre tanto, en Andalucía (sur de España), se trabaja desde poco antes de las 15:00 de hoy en un incendio declarado en un paraje de la localidad sevillana de Guillena.
NO FUMAR EN PARQUES NACIONALES
Por su parte, una asociación de no fumadores remitió una petición con 77.000 firmas al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para prohibir fumar en parques nacionales. Nofumadores.org señala que en España "existe un extraño silencio" sobre las colillas que están detrás de la pérdida de decenas de miles de hectáreas de bosque cada año.
Las colillas de cigarrillos mal apagadas o arrojadas al suelo o desde los vehículos provocan incendios y arrasaron unas 20.000 hectáreas en la última década en España, lo que supone un 3,5 % del total de fuegos, según la asociación.
La presidenta de No Fumadores, Raquel Fernández Megina, señala que "se trata de negligencias perfectamente evitables si se usa la cabeza y se prohíbe y castiga encender un cigarro en todos los parques nacionales y bosques de España".
Según Fernández Megina, “no tiene sentido que en zonas en las que está prohibido hacer barbacoa puedas fumarte un cigarro”.