Por 36 votos a favor y 2 abstenciones, el Senado dio el visto bueno a la medida, que durante la mañana fue aprobada en la Cámara Baja, con 119 votos a favor, 8 en contra y 8 abstenciones.
El estado de excepción regirá así durante dos semanas más, hasta el 30 de julio, en cuatro provincias de las regiones de Araucanía y Biobío que han sufrido una escalada de violencia en el último año con constantes ataques a maquinaria, incendio a predios y viviendas, robo de madera y tiroteos con víctimas mortales.
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“Quiero reiterar la voluntad del Gobierno para que el diálogo y el encuentro sirvan como eje estructural para la resolución pacífica de este conflicto y los dolores que aquejan a los habitantes que han sido víctimas de la violencia”, aseguró en la Cámara Baja la ministra del Interior, Izkia Siches.
Pese a que prometió que no lo haría y criticó a su predecesor, Sebastián Piñera, por mantener militarización del sur durante seis meses, el presidente de Chile, Gabriel Boric, decretó poco después de tomar posesión el estado de excepción.
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Como novedad, lo instauró de manera "acotada", militarizando solo las rutas principales.
Según el Ejecutivo, la medida ha logrado reducir la gravedad y el número de los eventos de violencia rural en un 30 %, con descensos en la cifra de camiones incendiados, usurpaciones violentas y eventos con armas de fuego.
En La Araucanía y otras zonas del sur de Chile existe desde hace décadas una disputa territorial entre el Estado, algunas comunidades mapuche radicales y empresas forestales que explotan tierras consideradas ancestrales por los indígenas.
Tanto parte de la izquierda como los movimientos indígenas sostienen que la militarización solo pone más tensión sobre el conflicto y defienden que son necesarias medidas más transversales y de largo plazo.