El delito de tráfico de influencias tiene una pena prevista en la ley brasileña de entre 2 y 5 años de reclusión. La Policía indicó también se investigan otros posibles delitos como corrupción pasiva y prevaricación.
“En base a documentos, testimonios y el informe final de la investigación preliminar del controlador general de la Unión, fueron identificados posibles indicios de práctica criminal para la liberación de presupuestos públicos”, explicó la Policía Federal.
Hasta el momento, la PF no ha confirmado si la orden de prisión fue cumplida.
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El diario paulista Folha de Sao Paulo reveló en marzo un audio en el que el exministro aseguraba que, a pedido de Bolsonaro, daría prioridad a la liberación de recursos destinados a educación hacia municipios gobernados por “amigos” de dos influyentes pastores.
Ribeiro renunció a la cartera de Educación el 28 de marzo pasado, una semana después de haber quedado en el centro del escándalo y con la investigación que culminó con su arresto el miércoles abierta por decisión del Supremo Tribunal Federal (STF) -máxima corte brasileña-.
Bolsonaro, quien en marzo había dicho que ponía su “cara en el fuego” por Ribeiro y calificó de “cobardía” la acusación, intentó hoy despegarse de su exministro.
“Que él (Ribeiro) responda por sus actos, pido a Dios que no tenga ningún problema. Pero si tiene, es señal que yo no interfiero en la Policía. Eso me va a salpicar, obviamente. Tengo 23 ministros, una centena de secretarios, más de 20 mil cargos...si alguien hace algo equivocado, ¿van a echarme la culpa a mí?”, declaró Bolsonaro.
Ribeiro asumió sus funciones en julio de 2020 como parte del gobierno del ultraderechista, que llegó al poder con fuerte apoyo del electorado evangélico.
Además de Ribeiro, la PF intenta cumplir otras cuatro órdenes de prisión y 13 allanamientos en los estados de Goiás (centro-oeste) , Sao Paulo (sudeste) , Pará (norte) y el Distrito Federal de Brasilia.