La investigación fue ordenada por la Corte Suprema y, en el caso de Bolsonaro, está centrada en la divulgación que el mandatario hizo de documentos secretos de la propia Policía Federal, sobre ataques de piratas informáticos a las urnas electrónicas en 2018.
El Tribunal Superior Electoral (TSE) ya había aclarado en su momento que aquellos ataques ocurridos a mediados de 2018 no habían tenido consecuencia alguna en las elecciones celebradas ese mismo año, en las que Bolsonaro fue elegido presidente.
Aún así, el líder de la ultraderecha ha dicho decenas de veces que en esos comicios hubo "fraudes" que le impidieron ganar en la primera vuelta, aunque lo hizo en la segunda, y llegó a afirmar que tenía "pruebas" de ello, que sin embargo nunca presentó.
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Esos argumentos, junto con los documentos secretos de la Policía Federal referidos a esos ataques informáticos, fueron esgrimidos por Bolsonaro a inicios de este año, cuando mantuvo una firme campaña que apuntaba a sembrar dudas en la transparencia del sistema de votación electrónico.
Bolsonaro insistió en que, para las elecciones de 2022, fuese adoptado un sistema mixto, que combinase el voto electrónico con las antiguas papeletas, a las que considera "confiables" y "auditables", según sus propias palabras.
No obstante, esa posibilidad fue rechazada por el Parlamento, que rechazó un proyecto de ley propuesto por el Gobierno en esa línea.
La investigación ordenada por la Corte Suprema atendió un pedido del propio TSE, el cual consideró que, al usar públicamente esos informes de la Policía Federal, el mandatario pudo haber incurrido en el delito de "divulgar, sin una causa justificada, informaciones secretas o reservadas".
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En su campaña contra las urnas electrónicas, Bolsonaro llegó a insinuar que el TSE planeaba un "fraude" para los comicios de octubre de 2022 a fin de favorecer la candidatura del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, su mayor antagonista político y claro favorito en todas las encuestas.
Además de pedir al Supremo una investigación sobre su conducta, el TSE abrió un proceso "administrativo" contra Bolsonaro y afirmó, apoyado en documentos, que las urnas electrónicas que Brasil utiliza desde 1996 permitieron "eliminar un pasado de fraudes" que el país presenció mientras usó el sistema de papeletas.
“Desde 1996, jamás se documentó ningún episodio de fraude” y, “en 25 años de existencia, las urnas electrónicas pasaron por sucesivos procesos de modernización, contando con diversas fases de seguridad” y mecanismos que permiten auditar “cada etapa del proceso, antes y después de las elecciones”, garantizó el TSE.