La Unión Europea y el Mercosur, bloque integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, cerraron el pasado 28 de junio en Bruselas un acuerdo de asociación que se había empezado a negociar en 2000 y que supone el mayor pacto comercial jamás alcanzado por ambas partes con la creación de un mercado de 780 millones de consumidores.
“No sé cómo políticamente Francia podría firmar ese tratado y también veo que Alemania en su programa de coalición está más o menos alineada en la misma posición”, señaló este miércoles el presidente del Movimiento de Empresas de Francia (Medef), Geoffroy Roux de Bézieux.
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En una entrevista a Efe, explicó que su organización "de forma global" está a favor de los acuerdos comerciales internacionales que en los últimos 30 años han contribuido "a la prosperidad mundial".
Pero puntualizó que ahora esos acuerdos deben integrar "de forma fuerte cláusulas recíprocas en el terreno medioambiental" y el texto que negociaron la Unión Europea y Mercosur plantea "un problema" por la política del Ejecutivo de Jair Bolsonaro en materia de deforestación, que confió en que sea temporal.
Sobre la posibilidad de enmendarlo, señaló que también se pueden establecer acuerdos bilaterales entre la UE y algunos países sudamericanos. Se refirió en particular a Chile, con el que hay discusiones y que además es un proveedor de litio, un material que va a ser necesario "de forma masiva" para las baterías eléctricas.
Es decir, que "en el marco de la negociación se puede discutir en paralelo de forma bilateral con países que tienen menos problemas con la transición medioambiental".
El acuerdo entre la UE y Mercosur se cerró en 2019, después de una veintena de años de negociaciones, pero para su aplicación es necesaria la ratificación por ambas partes, lo que implica recibir el visto bueno de todos y cada uno de los países miembros.
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Las autoridades francesas llevan repitiendo prácticamente desde el principio que aplicarán su veto mientras no se atiendan una serie de exigencias, en cabeza de las cuales una iniciativa para evitar lo que se llama la "deforestación importada".
También le reprochan que no se imponga para las importaciones de Mercosur, en particular las agrícolas, las mismas reglas medioambientales y laborales que soportan los agricultores europeos.