En un debate televisivo organizado por la estatal Universidad de Chile, uno de los principales centros de estudios del país, cinco de los siete presidenciables abordaron temas que se están tratando en la Cumbre de Glasgow (Escocia), como el fin de los combustibles fósiles y el impulso a las energías renovables.
"Si no logramos un cambio radical en la manera en que nos relacionamos con el medioambiente ninguna de las otras discusiones que estamos teniendo va a tener sentido. Nuestro compromiso es total y esperamos ser el primer gobierno ecológico en la historia de Chile", dijo el diputado Gabriel Boric, carta del bloque izquierdista Apruebo Dignidad (Frente Amplio y Partido Comunista).
"Chile es de los países más vulnerables a la emergencia climática. Podemos perder la mitad del PIB al 2050", alertó la expresidenta del Senado Yasna Provoste, candidata de Nueva Mayoría, una coalición integrada por los socialistas o democristianos.
La crisis hídrica que atraviesa el país acaparó también parte del debate, una sequía que según las organizaciones ecologistas se ha agravado debido al modelo de gestión privada de agua instalado durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
Chile es uno de los países con el mayor nivel de privatización del mundo, con el 80 % de los recursos hídricos del país en manos privadas.
"Estoy a favor de que haya un nuevo código de aguas y hay que hacer una ley que permita adjudicar los derechos del agua", admitió el candidato oficialista Sebastián Sichel, de derecha moderada.
En el debate no participaron ni el liberal Franco Parisi ni el ultraderechista José Antonio Kast, quien lidera la carrera presidencial en muchas encuestas y es el único que se ha mostrado escéptico sobre el cambio climático y el fin de las termoeléctricas.
CONDONAR CRÉDITOS ESTUDIANTILES
Además del medio ambiente, los candidatos también discutieron sobre educación, uno de los temas más candentes en Chile, donde los estudiantes llevan más de una década saliendo a manifestarse.
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el acceso a una educación de calidad sigue estando estrechamente vinculado al estatus socioeconómico de la familia y el gasto público en educación primaria y secundaria es uno de los más bajos del bloque.
La situación tampoco es mejor en la educación superior: un informe de la OCDE con cifras del año 2017 mostró que el porcentaje de alumnos matriculados en instituciones públicas de educación superior en Chile solo llega al 15 %, mientras que el promedio de los países de ese organismo es de 68 %.
Para Provoste, exministra de Educación durante el primer gobierno de Michelle Bachelet (2004-2008) y destituida en 2008 por el Senado, "la primera tarea es recuperarnos del abandono que el Gobierno ha hecho en la educación pública en la pandemia".
"El sistema educativo universitario requiere cambios y avanzaremos fuertemente en la condonación de CAE (Crédito con Garantía Estatal) para estudiantes a quienes abandonaron el sistema y hoy están endeudados", añadió Sichel, exministro del actual Gobierno de Sebastián Piñera.
Boric, quien también prometió acabar con el CAE, denunció que "solo el 10 % del presupuesto de la Universidad de Chile proviene del Estado, el resto es autofinanciación": "El estado no puede seguir abandonando a sus universidades", agregó el exlíder de las marchas estudiantiles de 2011.
"Debemos hacer un gran frente común de derecha a izquierda para fortalecer lo público", señaló el progresista Marco en un debate en el que también participó Eduardo Artés, del movimiento de extrema izquierda Unión Patriótica, y se habló de cultura, ciencia e innovación.
Pese a la relevancia de las elecciones, menos de la mitad de los chilenos tiene clara su preferencia, según el Centro de Estudios Públicos (CEP), en un país con voto voluntario y una abstención crónica que en los últimos comicios (regionales) superó el 80 %.
En el caso de que ninguno de los candidatos logre más de la mitad de los votos en los comicios del 21 de noviembre -algo que se da casi por sentado-, se celebrará una segunda vuelta el 19 de diciembre.
La persona que llegue a La Moneda (sede de Gobierno) tendrá que reencauzar un país que vivió en 2019 graves protestas e implementar las normas de la nueva Constitución, que se comenzó a redactar el pasado julio y que debe ser refrendada en un plebiscito de salida, previsiblemente en 2022.