El magistrado Luiz Edson Fachin, en decisión individual en respuesta a una petición de habeas corpus que aún puede ser apelada ante el pleno del Supremo Tribunal Federal, determinó que el juzgado 13 de Curitiba, de primera instancia y cuyo titular era el ahora exministro Sergio Moro, no tenía competencia para juzgar a Lula.

En ese sentido, el exmandatario fue acusado por la Fiscalía por recibir presuntamente como parte de sobornos propiedades en São Paulo, por lo que las denuncias -atendiendo la decisión de Fachín- deberían haberse juzgado en ese estado, y no en Curitiba.

Fachin anuló todas las decisiones en primera instancia del juzgado de Curitiba y determinó que los procesos sean reiniciados por un juzgado federal de Brasilia, la capital brasileña.

Situación jurídica: imputado

Con la anulación de las condenas en primera instancia, Lula vuelve a la condición de imputado por corrupción en los cuatro procesos que ya habían pasado por el juzgado de Curitiba, incluso en dos en que las decisiones de Moro fueron confirmadas por tribunales de segunda instancia.

Se trata de los procesos en que fue condenado por supuestamente haber recibido un apartamento de playa en el balneario de Guarujá a cambio de favorecer a una constructora en contratos de la petrolera estatal Petrobras; y en el que fue considerado culpable de corrupción por las millonarias reformas que diferentes empresas hicieron en una casa de campo en que el expresidente pasaba los fines de semana, pese a que no era de su propiedad.

En el primer caso fue condenado a 8 años de prisión y en el segundo a 17 años.

La decisión también anuló dos procesos en que es juzgado por donaciones y favores supuestamente ilegales recibidos por el Instituto Lula de empresas contratistas de Petrobras, y por comisiones ilegales de Odebrecht, en los que aún no existían sentencias.

Los cuatro procesos tendrán que ser reiniciados por un juzgado de Brasilia en fecha aún sin definir y cuyo titular tendrá que decidir inicialmente si considera procedentes las acusaciones de la Fiscalía y le abre juicio al líder del Partido de los Trabajadores.

La decisión de Fachin, sin embargo, aún puede ser anulada en el pleno de la Corte Suprema ahora que la Fiscalía anunció la apelación.

Derechos políticos

Con la confirmación de ambas condenas por tribunales de segunda instancia, lo que igualmente perdió validez con la nueva decisión, Lula perdió sus derechos políticos y fue inhabilitado políticamente para disputar las elecciones presidenciales de 2018, en las que aparecía como favorito en las encuestas.

Lula, incluso, llegó a pasar 580 días en prisión y fue liberado una vez que el Supremo alteró su propia jurisprudencia y decidió que, aunque sí pierde sus derechos políticos, una persona solo puede ingresar a la cárcel cuando ya no tenga apelaciones disponibles, que no era su caso.

La anulación de las condenas le devuelve los derechos políticos al exlíder sindical, que por ahora podrá competir en elecciones presidenciales de 2022, a las que ha admitido públicamente que aspirará en caso de que el Partido de los Trabajadores (PT) decida postularlo.

¿Por qué los procesos fueron anulados?

Los abogados de Lula venían intentando desde hacía varios meses que los procesos contra el expresidente fueran anulados con el argumento de que el juez Sergio Moro fue parcial en sus decisiones y que fue recompensado por las mismas con su nombramiento como ministro de Justicia cuando el líder Jair Bolsonaro asumió la presidencia de Brasil en enero de 2019.

Pese a que la Corte Suprema aún tiene pendiente el análisis de varios recursos que cuestionan la imparcialidad de Moro y de los fiscales del caso, Fachin decidió anular los procesos ante un habeas corpus que cuestionó la competencia del juzgado de Curitiba sobre los procesos contra el ex jefe de Estado.

Los procesos fueron remitidos a Curitiba debido a que ese juzgado era el responsable por todos los procesos de desvíos de recursos públicos de Petrobras, pero los abogados de Lula alegaron que ninguno de sus casos tuvo relación directa con las corruptelas en la estatal.

El magistrado admitió que la defensa de Lula ya había cuestionado la competencia de Moro en los procesos, pero que hasta ahora no había presentado un recurso directo para exigir la anulación de todas las decisiones con ese argumento.

De acuerdo con la sentencia, Lula fue acusado de haber sido la “figura central” de una red de corrupción en diversos órganos públicos, incluyendo Petrobras.

“La conducta atribuida al acusado, que era la de nombrar y mantener agentes que toleraban los propósitos ilícitos de un grupo criminal en cargos estratégicos en el gobierno federal, no era limitada a Petrobras sino a una extensa lista de órganos públicos”, concluyó el juez.

Otros procesos

Independiente de las condenas dictadas por el juzgado 13 de Curitiba y ahora anuladas, Lula responde a juicio en otros juzgados, tanto en Brasilia como en Sao Paulo, por diferentes denuncias de corrupción y de tráfico de influencias.

La justicia federal de Brasilia ya archivó tres procesos contra el exmandatario por considerar que no había pruebas en su contra, pero aún tiene tres casos pendientes en los que Lula ya fue imputado y aún no ha sido escuchado en su calidad de acusado.

En el proceso más avanzado en Brasilia, es acusado de haber recibido ventajas ilegales por haber prorrogado una legislación provisional que ofrecía incentivos fiscales a fabricantes de vehículos.

Un juzgado de Sao Paulo también intenta establecer si Lula incurrió en el crimen de tráfico de influencias, mediante sus contactos con un gobierno extranjero, para favorecer los negocios de la empresa ARG en Guinea Ecuatorial.

¿Aún puede ser encarcelado?

El expresidente aún puede ser inhabilitado políticamente en caso de que el pleno de la Corte Suprema anule la decisión de Fachin de ayer o en caso de que sea hallado culpable -y la condena confirmada por tribunal de segunda instancia- por cualquiera de los otros jueces de Brasilia y Sao Paulo que le abrieron procesos.

Igualmente puede volver a la cárcel en caso de que la Corte Suprema anule la decisión de Fachin y confirme las condenas contra Lula en última instancia o de que el expresidente sea hallado culpable en alguno de los otros procesos y esa decisión sea confirmada por todas las instancias.

La actual jurisprudencia prohíbe su encarcelamiento mientras tenga posibilidades de apelar alguna decisión.