El jueves, el presidente Emmanuel Macron anunció que duplicará los dispositivos de las fuerzas de seguridad desplegados en las fronteras para hacer frente a la inmigración ilegal y las redes de traficantes “que están cada vez más vinculadas a las redes terroristas”. Y este viernes, el ministro del Interior, Gérald Darmanin, inició una gira internacional sobre el tema de la “lucha contra el terrorismo y la inmigración clandestina”.
Su viaje comenzó el viernes por la mañana en Roma, donde discutirá con su homólogo italiano sobre la reforma del sistema europeo de asilo e inmigración, entre otros. Posteriormente viajará a Túnez, Malta y Argelia.
El objetivo es “reactivar” las expulsiones hacia esos países, dijo a la AFP la oficina del ministro. Éstas se encuentran suspendidas por la crisis de covid-19, que obligó a cerrar las fronteras exteriores de la Unión Europea (UE).
Aunque se abordará el tema de la inmigración, en general, “se dará prioridad al tema de los individuos que representan una amenaza al orden público”, confirmaron las mismas fuentes.
Darmanin presentó recientemente una lista de 231 extranjeros en situación irregular fichados por radicalización, a los que quiere expulsar de Francia. En esta lista, el 70% son del Magreb y de Rusia. El ministro del Interior tiene también previsto visitar “en los próximos días” este país.
26 expulsiones
De estas 231 personas, 26 ya fueron expulsadas, indicó a la AFP el ministerio del Interior, y “más de un centenar” están en centros de detención administrativa, donde se encuentran detenidos los extranjeros en situación irregular a la espera de ser expulsados.
Aunque actualmente es difícil llevar a cabo estas expulsiones, Darmanin ha pedido a las autoridades encargadas que todas las personas de la lista sean encerrados en estos centros.
Según el ministerio del Interior hay “cuatro dificultades”. “Primero el covid y el cierre de las fronteras. Los países de origen también deben reconocerlos, eso lleva tiempo. Estas personas también tienen la posibilidad de presentar recursos administrativos. Y el derecho internacional nos prohíbe enviar de vuelta a personas a países en guerra, como Siria y Libia”, precisó.
Assane Ndaw, miembro de Forum Réfugiés-Cosi, una asociación que trabaja en varios centros de detención administrativa, confirmó a la AFP que se ha “recibido a una decena de ellos en los últimos días”. “El domingo nos devolvieron a una persona que había salido unas semanas antes para ser puesta bajo arresto domiciliario”, añadió.
“En sus expedientes no está escrito que están fichados por radicalización, pero sabemos que son ellos”, dijo Céline Guyot, de la asociación Assfam, que trabaja en un centro de detención parisino donde acaban de ser colocados dos paquistaníes que vivían en el mismo apartamento que el hombre que hirió a dos personas frente a las antiguas oficinas de Charlie Hebdo.
Para ella, “el riesgo es que se utilice este motivo de radicalización para poder expulsar más fácilmente”. “Básicamente”, dice “bastaría con poner en sus expedientes 'alteración al orden público y expulsarlos”.