El Tribunal de Distrito de Yokohama condenó a Satoshi Uematsu, de 30 años, a la pena capital por el asesinato de 19 residentes de un centro de discapacitados de Sagamihara, a unos 50 kilómetros al oeste de Tokio, en un ataque con cuchillos al abrigo de la noche en el que resultaron heridas cerca de otra treintena de personas.
Uematsu irrumpió en la madrugada del 26 de julio de 2016 en la residencia de discapacitados y tras inmovilizar al personal de guardia apuñaló a sus residentes mientras dormían. El ataque se prolongó unos 50 minutos, durante los que acabó con la vida de 19 internos con edades comprendidas entre los 19 y 70 años, e hirió a otros 24, del total de 149 discapacitados que residían entonces en las instalaciones.
El japonés también estaba acusado de provocar lesiones a dos de los cinco empleados del centro a los que maniató antes del ataque. El autor del crimen, que trabajó en el centro durante tres años y medio y residía a escasos 500 metros, eligió como víctimas a algunos de los internos con mayor discapacidad, según su propio relato.
Uematsu se entregó en una comisaría próxima a la residencia portando tres de los cuchillos empleados en el asalto. En sus declaraciones tanto ante la policía como en el juicio insistió en que su motivación fue “salvar” a sus víctimas y hacerlos “felices”.
En la sentencia, el juez del Tribunal de Distrito de Yokohama que presidió el juicio, Kiyoshi Aonuma, señaló que aunque puede “entender el sentimiento” que motivó el ataque, el fallo tiene en cuenta “la enorme crueldad” del delito y sus “graves consecuencias”, según extractos del texto recogidos por la cadena pública NHK.
“Su forma de pensar sobre los discapacitados múltiples se basa en su experiencia laboral. (...) No podemos decir que sea un pensamiento patológico”, declaró Aonuma al referirse a la responsabilidad penal del acusado, cuyas capacidades mentales fueron puestas en duda por su defensa durante el proceso.
Uematsu no mostró arrepentimiento por la matanza tras entregarse ni durante el juicio y en las vistas judiciales de los últimos meses aseguró, antes de conocerse el fallo, que no apelará. Cuando el juez Aonuma se disponía a cerrar la sesión, el condenado pidió decir unas palabras, pero no le fue permitido. La de Sagamihara es la mayor matanza cometida en Japón desde el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945 y conmocionó e indignó al país, donde algunos consideraron que la tragedia pudo evitarse.
Meses antes del suceso, en febrero, Uematsu envió una carta que llegó a manos de la policía, en la que detallaba su plan y decía que su objetivo era “lograr un mundo en el que las personas con discapacidades múltiples puedan recibir la eutanasia”, ante una vida “extremadamente difícil”.
Uematsu también había comunicado sus planes a compañeros de trabajo y conocidos, a raíz de lo cual fue investigado por la policía e internado temporalmente en un centro psiquiátrico a mediados de ese febrero, en las mismas fechas en que había abandonado el trabajo y redactado la mencionada misiva.
El hombre fue dado de alta tras doce días, después de que los psiquiatras concluyeran que su estado había mejorado. Esto, unido al hecho de que comenzó a consumir estupefacientes como marihuana por aquellas fechas, llevó a la defensa de Uematsu a alegar trastornos mentales que le impedían responder penalmente por el crimen, un argumento rechazado por el tribunal.
Más de cien reos esperan en el corredor de la muerte nipón a que se ejecute su sentencia. Cuando el país llevó a cabo su ejecución más reciente, en diciembre de 2019, la cifra ascendía a 112, un número que podría haber disminuido en el caso de que alguno de los condenados haya fallecido, información que no es de dominio público.