Ante la expectación mediática del caso -que es también el peor episodio de violencia electoral en Filipinas-, el anuncio se emitirá en directo por la televisión pública y familiares de las víctimas han viajado a Manila para asistir a la lectura de la sentencia por la jueza Jocelyn Solis Reyes.
El anuncio tendrá lugar en una sala judicial dentro de la prisión de Camp Bagong Diwa, donde los acusados permanecen detenidos. “Independientemente de qué administración gobierne, la justicia debe prevalecer”, señaló el portavoz presidencial Salvador Panelo, que fue asesor legal en 2014 de Andar Jr Ampatuan, el principal sospechoso.
El 23 de noviembre de 2009, tres decenas de periodistas se unieron al convoy de familiares y partidarios de Esmael “Toto” Magundadatu para presentar su candidatura a gobernador de la provincia de Maguindanao, un puesto tradicionalmente controlado por el poderoso clan de los Ampatuan y que en aquellas elecciones se disputaría con Andal Jr, primogénito del patriarca Andal Sr.
El convoy -en el que no viajaba Magundadatu pero sí su esposa, padres y hermana- nunca llegó a su destino y todos sus integrantes fueron asesinados y enterrados en una fosa común por hombres a las órdenes de los Ampatuan en la ciudad que lleva su nombre.
Dos testigos clave incluso sitúan como uno de los autores materiales a Andal Jr, principal acusado del caso y en prisión preventiva desde diciembre de 2009. Sus dos hermanos, Zaldy y Sajid -este último en libertad bajo fianza-, también están en la lista de acusados, así como su padre Andal Sr, patriarca del clan que falleció en 2015.
“La fiscalía ha demostrado durante el juicio la conspiración del principal acusado mediante la planificación y la ejecución del delito”, señaló esta semana Magundadatu, que confía en una sentencia condenatoria al menos para Andal Jr. Magundadatu, objetivo del ataque contra su convoy electoral, venció después de la masacre en las elecciones a gobernador de Maguindanao y en la actualidad es congresista por esa provincia.
De los 197 sospechosos en un inicio, 117 fueron arrestados y 101 están pendientes de condena en el juicio, con 357 testigos. Sin embargo, Human Rights Watch (HRW) recordó hoy que las autoridades filipinas no pudieron detener a otros 80 sospechosos -entre ellos 14 miembros de los Ampatuan y 50 policías y soldados que integraban el círculo privado de seguridad de Andar Jr- lo que “pone a los familiares de las víctimas en grave riesgo”.
“La policía afirma que ha sido difícil localizar y arrestar a esos sospechosos porque la mayoría ha buscado refugio en los grupos rebeldes que operan en el sur de Filipinas”, apuntó el subdirector en Asia de HRW, Phil Roberson.
Desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos, señalaron hoy que la “impunidad colosal” de la masacre “pisoteó el derecho a la vida, a elecciones libres, a la libertad de prensa y el derecho a la información”.