La fiscal Zunilda Ocampos Marín imputó a Silvio César Camilo Mazzoneto (50) y a Juliano Camilo de Oliveira (19) por contaminación del aire, maltrato de suelo y procesamiento ilícito de desechos, así como por eludir las obligaciones legales vinculadas a la mitigación del impacto ambiental.
Según la investigación, los indicios señalan que los imputados serían responsables de acopiar y procesar cubiertas fuera de uso mediante pirólisis, sin autorización ni medidas de seguridad, en un establecimiento ubicado sobre la ruta PY07, zona industrial Km 231, en Campos Tacurú, Hernandarias.
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Durante un allanamiento, una comitiva fiscal constató que el lugar contaba con un tinglado de gran envergadura, donde se encontraban dos hornos o reactores de pirólisis, uno de ellos operativo, sin chimenea, para controlar el humo generado. Además, se observaron cubiertas enteras y cortadas, residuos en bolsas Big Bag y polvo de carbón almacenado en varios sectores, todo a cielo abierto, lo que generaba humo altamente contaminante, derrames de aceite y riesgo para la salud de los trabajadores, vecinos y el medio ambiente.
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Peligro para el medio ambiente y la salud
El informe técnico resalta que los hechos generan un peligro para el medio ambiente, la salud y la integridad física de las personas, con contaminación del aire y del suelo por humo y residuos derivados de cubiertas. Por ello, se dispuso el cese inmediato de las actividades en el lugar para evitar consecuencias más graves.
La imputación se fundamenta en elementos de convicción suficientes que acreditan la existencia de los hechos punibles y la responsabilidad de los investigados. Por consiguiente, la fiscal Zunilda Ocampos ordenó la detención preventiva de los sospechosos, solicitando como medida cautelar la prisión preventiva una vez que sean detenidos, ante el riesgo de fuga y la posibilidad de obstrucción de la investigación, alteración de pruebas o influencia indebida sobre testigos y peritos.
El Ministerio Público comunicó el inicio formal de la investigación y solicitó al Juzgado Penal de Garantías un plazo de cuatro meses para la etapa preparatoria, con el fin de recabar mayores evidencias y formular el requerimiento conclusivo pertinente.