Según la investigación, los abusos presuntamente se produjeron desde inicios de junio de 2018 en el interior de la iglesia evangélica denominada Centro Familiar de Adoración del km 16 de Minga Guazú, donde el sospechoso se desempeñaba como pastor. El sindicado habría aprovechado la condición de vulnerabilidad de la víctima y de la relación de autoridad religiosa para consumar las agresiones sexuales.
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En la denuncia, la víctima relató que el pastor fue apartado por un tiempo, pero posteriormente fue reintegrado. También señaló que el caso fue informado a las altas autoridades de la iglesia, quienes no adoptaron ninguna medida al respecto. Sin embargo, desde la iglesia aseguran que el procesado fue apartado para enfrentar un sumario.
La denuncia sobre el caso fue presentada ante el Ministerio Público el 27 de marzo de 2025 por la propia víctima, quien actualmente ya es mayor de edad. La misma se ratificó en su denuncia ante la Unidad Especializada y de igual forma fue asistida por una profesional psicóloga del Centro de Atención a Víctimas, que determinó indicadores de daños psicológicos relacionados con el relato expuesto.
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Tras reunir los elementos incriminatorios, la representación pública resolvió imputar al presunto agresor sexual y pidió su rebeldía. Asimismo, solicitó al Juzgado de Garantías que una vez sea puesto a disposición de la Justicia ordene la prisión preventiva, atendiendo la gravedad del hecho investigado y la alta expectativa de pena privativa de libertad.