La medida fue adoptada por la asesoría jurídica del MADES, que dejó sin efecto la resolución que aprobaba el estudio de impacto ambiental de la firma, propiedad de Miguel Ángel O’hara.
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El asesor jurídico de la Municipalidad de Presidente Franco, abogado Juan Domingo Silvero, destacó que la suspensión fue posible gracias a las numerosas gestiones realizadas por instrucción del intendente Roque Godoy (PLRA).
“La asesoría jurídica realizó todas las diligencias para obtener la resolución de suspensión, por instrucciones del intendente y a favor de los vecinos. Se hicieron visitas al MADES en compañía de algunos representantes para poner a conocimiento del ministro del Ambiente la inquietud de la ciudadanía, en especial de los moradores de los alrededores de la cantera”, manifestó Silvero.
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El funcionario agregó que, además de la medida administrativa, existe una causa penal abierta que está próxima a la acusación, con el objetivo de lograr la suspensión definitiva del funcionamiento de la cantera.
Los pobladores llevaron adelante varias manifestaciones para exigir el cese de las actividades. Alegan que, además de las vibraciones que afectan las estructuras de casas e instituciones educativas aledañas, las operaciones amenazan al ecosistema del río Monday y a las Cataratas del Monday, uno de los principales atractivos turísticos de Alto Paraná.
La ley N° 4.738/2012 declaró a la franja de protección del río Monday como “Área silvestre protegida bajo dominio privado municipal, con categoría de manejo de paisajes protegidos”, por lo que la explotación de canteras en el área está prohibida.
Sin embargo, a escasos metros del cauce, esta empresa operaba sin ser molestada por las autoridades.
En junio pasado, esta misma cantera ya había sido intervenida por la fiscal Zunilda Ocampos Marín, a raíz de una denuncia presentada por la asesoría jurídica de la Comuna franqueña.
Durante ese operativo, las autoridades verificaron la existencia de dos frentes de explotación de basalto: uno de 50 metros de largo por 50 de ancho y 3 metros de altura; y otro de 150 metros de largo, 100 de ancho y 4 metros de profundidad.
El informe del Ministerio Público, indicaba que la extracción se realizaba mediante detonaciones con explosivos, seguidas del corte manual de bloques con mazos, picos y cinceles. En otro sector, se identificó la extracción de suelo laterítico con maquinaria pesada, afectando los límites de la franja de protección del río.
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La empresa no contaba con permiso para uso de explosivos, inscripción y habilitación en la Dirección General de Material Bélico (Digemabel), ni la autorización para la explotación de canteras emitida por la Dirección de Recursos Minerales del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).