Luego de varias audiencias sucesivas, el Tribunal de Sentencia, integrado por los jueces Evangelina Villalba, Óscar Gabriel Génez y Lourdes Morínigo, dictó la condena contra Hugo Alberto Cibils Aguilera, acusado de un violento robo ocurrido en noviembre del año pasado.
Durante el juzgamiento, el Ministerio Público estuvo representado por el agente fiscal Carlos Antonio Almada, quien presentó numerosas pruebas documentales y testimoniales mediante las cuales demostró la responsabilidad penal del acusado.
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Según los antecedentes, el robo ocurrió el 15 de noviembre de 2024, alrededor de las 00:30, en un inmueble ubicado en el barrio San José de Ciudad del Este. En esa ocasión, el ahora condenado y otros tres sujetos fuertemente armados irrumpieron en la vivienda de una familia que se encontraba durmiendo.
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Los criminales, que se desplazaban en un automóvil Toyota Premio, forzaron el portón de acceso e ingresaron a la residencia.
Una vez dentro, el dueño de casa se levantó sobresaltado y forcejeó con los asaltantes, momento en que uno de ellos le disparó en el muslo derecho y en el glúteo izquierdo, cayendo al suelo. Luego fue pateado mientras le exigían dinero.
La víctima entregó la suma de G. 6.000.000, instante en que Hugo Alberto Cibils apuntaba con un arma de fuego a la cabeza de la dueña de casa, a quien despojó a la fuerza de la cadena de oro que llevaba al cuello.
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Posteriormente, los delincuentes insistieron en obtener más dinero, por lo que Cibils Aguilera empujó a la pareja hasta su habitación. La mujer entregó una billetera que contenía G. 2.000.000 y 400 dólares americanos. Seguidamente, los autores huyeron del lugar a bordo del vehículo en que habían llegado.
Los cómplices del robo siguen prófugos
Tras la denuncia y en el marco de la investigación, la Fiscalía y la Policía Nacional lograron identificar a Hugo Alberto Cibils Aguilera, Hugo Javier Tindel Segovia y Armando Sosa Aquino como los responsables del atraco, mientras que un cuarto integrante no pudo ser identificado.
Finalmente, Cibils Aguilera fue condenado a 20 años de pena privativa de libertad, en tanto que los demás imputados continúan prófugos de la Justicia y declarados en rebeldía. Una vez capturados, también serán sometidos a juicio oral para su juzgamiento.