La investigación está a cargo de la agente fiscal Vivian Coronel, quien realizó una serie de diligencias, tras recibir la denuncia de la madre de la niña. La Fiscalía presume que el 1 de septiembre de 2025, en un inquilinato de Minga Guazú el imputado habría realizado actos sexuales con la víctima, quien es su vecina. No obstante, el abuso habría ocurrido de manera sistemática.
Como parte de la investigación, la fiscala dispuso que la niña reciba atención en la Fiscalía, que incluyó la inspección de una médica forense y la evaluación psicológica de una profesional del Centro de Atención a Víctimas del Ministerio Público, cuyos informes documentaron signos compatibles con la agresión.
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La imputación se basa en el artículo 135 del Código Penal, modificado por la Ley 7394/24, que tipifica el abuso sexual en niños, y que en este caso incluye una serie de graves hechos descritos por la unidad fiscal. Además, la representación pública ordenó realizar estudios para determinar si la niña está embarazada como consecuencia de los supuestos abusos. Los resultados de estos análisis aún se encuentran pendientes.
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Debido a la gravedad del hecho, la fiscala Vivian Coronel solicitó al Juzgado Penal de Garantías la prisión preventiva del imputado. Actualmente, el joven se encuentra recluido de forma provisoria en la Dirección de Policía de Alto Paraná.