Actualmente, cerca de 600 indígenas distribuidos en ocho comunidades viven en propiedades privadas, lo que les impide contar con un espacio para cultivar para su propio consumo. “Estamos incluso peor con este Gobierno, porque ahora el INDI cerró su sede en Asunción para abrir en Chaco y Caaguazú, pero hacen eso para confundirnos. Los que no salen a las calles pasan hambre, y el empleo formal para nosotros es nulo debido a la discriminación”, señaló.
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Vera denunció además que muchos niños nacen y mueren sin que las autoridades competentes se enteren, porque el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) no aparece ni siquiera para articular gestiones básicas como el derecho a la identidad. Esta falta de documentación evita también que los nativos sean insertados en programas de ayuda del Estado.
Ante esta inacción del ente a cargo, obliga a que varios de ellos se instalen en los semáforos, donde se exponen explotación sexual y otros hechos punibles.
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En materia educativa, apuntó que las clases en modalidad plurigrado impiden una educación de calidad. “Yo terminé mi bachiller, pero en la universidad será difícil seguir el ritmo. La misma situación ocurre con otros que viven en la comunidad”, comentó.
Finalmente, pidió una mesa de trabajo con el Gobierno para que ellos conozcan la realidad indígena. “Sé que la ciudadanía está cansada de ver a niños indígenas en las calles, con enfermedades, a la intemperie, principalmente en estos días de tanto frío, pero es algo que escapa a nuestras posibilidades. Sin voluntad política, es muy difícil mejorar”, concluyó.
Vera manifestó que la crisis no afecta únicamente a los pueblos originarios, sino que es un problema generalizado en todo el país. “En Paraguay estamos mal en educación, salud y empleo. La inflación es terrible y nosotros no tenemos ingresos. Antes se podía comprar más barato la canasta básica; ahora es imposible”, expresó.
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Señaló que, a través de la Codeni de Presidente Franco, se conformó una comisión que reúne a 17 instituciones públicas y privadas para brindar asistencia periódica a las comunidades, pero que es insuficiente. En ese sentido, el INDI, a pesar ser el órgano legal de asistir a los originarios y que posee un presupuesto, no acude ni responde a las convocatorias.