En una sesión ordinaria realizada ayer, la mayoría de la Junta Municipal aprobó el pedido de intervención de la comuna de Juan León Mallorquín, administrada por Elvio Coronel (JAPAY). La solicitud se sustenta en un informe de la Contraloría General de la República, elaborado tras una auditoría.
Los concejales que votaron a favor de la intervención fueron: Leandro Ramón Ovelar Viñales, Leisy Mabel González Irala, Luis Arístides Valdez López y Pablo Alderete (ANR), además de Juan Alfonso, Rolando Fariña y Marta Santander (PLRA). Los que votaron en contra fueron Rita Grau, Julián Muntwyler, Sara Bordón y Salvador Florentín (oficialistas) y el liberal Cristian Chávez.
El presidente de la Junta Municipal, Leandro Ramón Ovelar Viñales, explicó que se detectaron veinticuatro puntos de presuntas irregularidades señaladas por la Contraloría. Entre las más graves, citó el giro de millonarios cheques al portador, compra de combustible sin tarjeta magnética, entrega de aportes a entidades sin fines de lucro mediante cheques y no por transferencia bancaria como está estipulado, totalizando más de G. 1.900 millones en supuestos malos manejos.
El informe final fue presentado ayer a los ediles por un equipo jurídico y contable. El abogado Darío Irala afirmó que los 24 puntos detectados son críticos y constituyen violaciones a leyes sobre el uso de dinero público. Estas presuntas irregularidades fueron detectadas en una auditoría de la Contraloría General de la República, que había sido solicitada y aprobada por la misma Junta.
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¿Qué dice el intendente Elvio Coronel?
Para el intendente Elvio Coronel, el pedido de intervención responde a una jugada política. Afirmó que el clan Ovelar busca postularse para la Intendencia en 2026.
“Es un plan de la familia Ovelar que quiere candidatarse. Estamos tranquilos y confiados en el trabajo que venimos haciendo y comprometidos en seguir defendiendo todos los intereses de la comunidad”, expresó.
Sobre las presuntas irregularidades, Coronel señaló que se recibieron una serie de recomendaciones de la Contraloría que fueron aplicadas.
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“El informe final de la Contraloría nos dice que tenemos que introducir un plan de mejoramiento. No habla de ninguna sobrefacturación, no habla de ninguna malversación, no habla de ningún daño patrimonial ni de ninguna otra cuestión que constituya un hecho punible”, aseguró.
Con la aprobación del pedido de intervención, enviarán una nota al Ministerio del Interior en el transcurso de esta semana.