Las presuntas irregularidades detectadas constituyen una de las causales del pedido de intervención presentado por la Contraloría General de la República (CGR), que había reportado sobre el uso indebido de al menos G. 83.000 millones asignados para gastos de capital.
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“Podemos confirmar que G. 29.215 millones fueron desviados a gastos corrientes, lo que representa más del 35% de los fondos originalmente destinados a inversiones”, afirmó Ramírez en conferencia de prensa.
El interventor explicó que un alto porcentaje de esos fondos (más del 55%) fue dirigido a transferencias “de difícil trazabilidad”, utilizadas sistemáticamente para eludir controles legales y administrativos.
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Irregularidades en el Consejo Local de Salud
Ramírez mencionó igualmente falencias en la administración de recursos del Consejo Local de Salud (CLS), que recibió más de G. 10.500 millones entre 2019 y 2022. De ese total, casi G. 6.000 millones fueron supuestamente invertidos en obras y refacciones, pero sin ningún tipo de control técnico, fiscalización o documentación que garantice su ejecución.
Entre las irregularidades mencionó la falta de proyectos aprobados por el Ministerio de Salud Pública, pagos sin certificaciones de avance de obras, sin recepción final de obras.
Ramírez calificó como “particularmente grave” el hecho de que el entonces director de Desarrollo Social de la comuna se desempeñara simultáneamente como síndico titular del CLS, ejerciendo funciones de “juez y parte”.
Señaló que algunas de las intervenciones realizadas en el Hospital Regional de Ciudad del Este son difíciles de verificar físicamente, ya que dichas obras o refacciones tuvieron otras intervenciones en el transcurso del tiempo.
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Por último, concluyó que las presuntas irregularidades detectadas por su equipo son precedentes a posibles daños patrimoniales o lesión de confianza, conductas que deberán ser investigadas a instancias judiciales.