Para Ramírez, estas prácticas no son simples errores administrativos, sino que constituyen un mecanismo planificado para evadir los controles legales, comprometer la transparencia y desviar recursos estatales.
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Entre las irregularidades más graves, según el interventor, se encuentran la falta de justificación en la asignación de recursos, el uso de transferencias para ejecutar obras sin cumplir procesos de contratación pública y la aprobación de fondos sin los requisitos legales.
El monto observado asciende a G. 3.042 millones, durante el ejercicio fiscal 2020, con patrones que se repitieron hasta 2022.
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“Detectamos pagos a proveedores antes incluso de que fueran adjudicados formalmente. En un caso, la empresa cobró un cheque dos días antes de que se emitiera el informe de adjudicación. Esto confirma que los procesos estaban montados y que las empresas ya estaban preseleccionadas”, sostuvo Ramírez durante la conferencia.
Aseguró, además, que muchas de las entidades beneficiarias no administraban los fondos directamente y que los documentos necesarios para justificar las transferencias fueron elaborados dentro de la misma municipalidad.
“Estas comisiones no cumplían su verdadero rol comunitario, sino que fueron utilizadas como intermediarias para simular procesos competitivos y eludir la Ley de Contrataciones Públicas”, explicó el interventor.
Añadió que la auditoría reveló que las comisiones vecinales eran simples endosantes de cheques, sin control ni manejo real sobre los fondos, y los proyectos ya llegaban con montos preestablecidos. “Es indignante que se haya manipulado una figura tan noble como la de las comisiones vecinales para burlar la ley”, denunció Ramírez.
Empresas creadas para captar fondos públicos
Entre los hallazgos que mencionó se encuentran las empresas creadas supuestamente con el único propósito de captar fondos públicos. En particular, la firma “Tajy Servicios Generales” emitió facturas correlativas desde el número 1 al 6, lo que sugiere que fue constituida exclusivamente para operar con la Municipalidad.
“No solo se violaron normativas administrativas, sino que hay indicios claros de direccionamiento y favorecimiento a empresas con posibles vínculos con autoridades municipales, lo cual ya es objeto de investigación del Ministerio Público”, afirmó el contralor.
Responsabilidades
Ramírez manifestó que las responsabilidades alcanzan desde el intendente apartado Miguel Prieto Vallejos (Yo Creo) hasta las direcciones técnicas involucradas, como la Dirección de Desarrollo Social, Coordinación de Aportes y la Dirección de Área Urbana.
Presidente de la Junta Municipal responde a acusaciones
El concejal Sebastián Martínez (Yo Creo), presidente de la Junta Municipal, acompañado de otros concejales y asesores de Miguel Prieto, calificó de “invento” los hallazgos presentados por el equipo interventor.
Martínez defendió la legalidad del esquema de trabajo con comisiones vecinales, citando decretos del Ministerio de Economía y Finanzas:
“El propio decreto habilita a las municipalidades a transferir fondos a organizaciones sin fines de lucro para ejecutar obras en beneficio de la comunidad. Las comisiones se formaban con iniciativa propia, presentaban proyectos y la municipalidad simplemente articulaba los medios”.
Asimismo, negó que la falta de cuentas bancarias configurara una irregularidad en el 2020: “Esa exigencia entró en vigencia recién en el segundo semestre de 2020. Antes de eso no era requisito. Tenemos documentos del banco que prueban que no era posible abrir cuentas a nombre de comisiones”, argumentó.
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Sobre las denuncias de empresas que habrían cobrado antes de ser formalmente adjudicadas, el concejal manifestó que hubo uno o dos errores administrativos, pero que no se puede generalizar ni decir que fue modus operandi.