La escribana Lizzie Marina Beatriz Cáceres Aguayo fue la encargada de constituirse en el despacho de la Intendencia, para leer los cinco puntos específicos expresados por Ramírez durante la conferencia de prensa del martes pasado.
Lea más: Interventor insiste en ocultamiento de documentos y reporta descontrol en manejo de combustibles
Los puntos cuestionados por Prieto:
- Cantidad de funcionarios municipales: Ramírez habló de “un poquito más de 2.550 funcionarios”. En ese punto se ratificó, pero aclaró minutos después que los números precisos los dio en una conferencia anterior.
- Construcción de plazas: Denunció que los avances más importantes se limitan a vallas perimetrales y cuestionó la falta de ejecución de obras.
- Uso de combustibles: Señaló casos llamativos de cargas de hasta G. 800.000 para recorridos de apenas 51 kilómetros, lo que consideró inusual.
- Recaudaciones: Indicó una diferencia positiva de G. 200 millones en los ingresos municipales entre el 23 de junio y el 14 de julio, en comparación con el mismo periodo del año anterior.
- Fondos rotatorios (caja chica): Afirmó que 22 dependencias manejaban fondos rotatorios y que el 95% de las rendiciones correspondían a gastos gastronómicos o alimentación.
El interventor Ramón Ramírez se ratificó en todos los puntos mencionados y afirmó que cuenta con los respaldos documentales para sostenerlos. Además, consideró que la intimación notarial es un intento de amedrentamiento.
“Evidentemente, estamos molestando con la información que estamos poniendo a conocimiento de la gente. Es una intención de amedrentamiento, pero nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo. No vamos a retroceder ni un milímetro”, mencionó
Anuncian querella contra Ramírez
Por su parte, la abogada Gilda Portillo, representante legal de Miguel Prieto, anunció que presentará una demanda por difamación y calumnia, ya que las declaraciones del interventor atentan contra el honor y la reputación del intendente, actualmente apartado del cargo, Miguel Prieto.
Portillo aseguró que cuentan con documentación respaldatoria que refutaría todas las afirmaciones realizadas por Ramírez en la conferencia de prensa. También consideró que el interventor se está extralimitando en sus funciones al emitir opiniones que, según su parecer, no corresponden al trabajo técnico dentro del proceso de intervención.
Lea también: Interventor de CDE anuncia nuevo avance del proceso y oficialistas afirman que solo desvía la atención
También se refirió al supuesto amedrentamiento y aseguró que Miguel Prieto tiene el derecho de iniciar las acciones legales con el fin de resguardar su imagen y reputación.