El fiscal Osvaldo Zaracho solicitó la apertura de juicio oral para una abogada que se habría apropiado de un millonario monto de dinero de su cliente. La víctima había percibido el dinero como indemnización de parte del Estado paraguayo. El requerimiento conclusivo fue presentado en el Juzgado Penal de Garantías Nº 4.
Antecedentes del caso
Según los antecedentes, el hecho ocurrió el 24 de septiembre de 2024, a las 08:26, en la sucursal del Banco Nacional de Fomento (BNF) de Minga Guazú. En esa ocasión, la sindicada se presentó en la entidad bancaria y presuntamente extrajo la millonaria suma de la cuenta de ahorros registrada a nombre del señor Esteban Gómez Rojas.
Rojas le había otorgado un poder especial en su calidad de víctima de violaciones de derechos humanos durante la dictadura de 1954 a 1989, con el fin de gestionar el cobro de una indemnización estatal. Aprovechándose del documento, la profesional se habría quedado con el dinero de cliente.
La cuenta bancaria donde se acreditó el pago estaba habilitada originalmente para el cobro del subsidio de la tercera edad, lo que facilitó la operación realizada por la abogada. Conforme a la acusación, Anzoátegui Rivarola habría inducido al señor Gómez Rojas a firmar formularios bancarios bajo engaño, sin informarle el monto exacto a percibir, y manifestándole que el cobro se realizaría en partes.
Sin embargo, la acusada habría retirado la totalidad de los fondos, guardando el dinero en un bolso de color negro y finalmente se retiró del lugar. Todo el movimiento de la mujer dentro del BNF quedó registrado en las cámaras del circuito cerrado del lugar.
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Días después, ante el reclamo del afectado, la abogada le manifestó que le enviaría el dinero por algún medio y finalmente, el 26 de septiembre de 2024, realizó un giro por valor de 15 millones de guaraníes a través del servicio de Western Union. No obstante, la víctima no recibió el resto del monto que le correspondía por la indemnización en cuestión.
A raíz de esta situación, Gómez Rojas denunció el hecho ante el Ministerio Público. Con los elementos de sospecha reunidos, la Fiscalía imputó a la acusada y, al cumplirse el plazo fijado por el Juzgado, presentó la acusación y solicitó la elevación de la causa a juicio oral.