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El abogado Ramón Acosta, representante legal de los ocupantes, explicó que se trata de aproximadamente 130 familias que reclaman ese inmueble y que firmaron un acta de acuerdo con la Senabico, en la que se establecía la posibilidad de gestionar una expropiación.
“Sabemos que la colonia Toryveté es extensa. Los padres de estas familias poseen tierras, pero sus hijos ya no tienen dónde vivir. Creemos que estas tierras, que seguramente son malhabidas, podrían ser destinadas a la reforma agraria”, señaló.
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La fiscal Montanía informó que la denuncia fue presentada por Antonio Domingo Ferreira, quien el pasado 27 de diciembre fue adjudicado en una licitación de la Senabico para administrar 400 de las 1.300 hectáreas que conforman el inmueble.
En el marco de la investigación, funcionarios del Ministerio Público se constituyeron ayer en el inmueble con agentes policiales, quienes confirmaron la construcción de varios ranchos precarios de madera y carpa, por lo que el siguiente paso sería el cese de hecho punible, un procedimiento similar al desalojo.
“Nosotros vamos a notificar a todas las partes, porque la persona adjudicada está siendo perjudicada, ya que no puede poseer la propiedad en época de plantación. Vamos a tener que hacer el cese de hecho punible”, afirmó.
Otros procesados
En noviembre del año pasado, el fiscal Víctor Adolfo Santander imputó y solicitó la rebeldía de tres personas por la invasión de otra parcela del establecimiento agroganadero.
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Los imputados con pedido de rebeldía son: Marcial Acosta Garayo, Eusebio Ayala Brítez y Rómulo Duarte, quienes son sindicados como presuntos responsables de la invasión de un inmueble.
