Cargando...
Los funcionarios de la Fiscalía de Delitos Económicos, junto con peritos del Ministerio Público, recorrieron este martes la costanera Ñande Renda, en el Km 8 Acaray de Ciudad del Este, para una verificación y avaluación de la obra que fue construida por la Municipalidad esteña.
Los peritos iniciaron el control de la obra de la costanera en sus 127 ítems en base a cinco puntos de pericia en carácter de acto investigativo.
Lea también: Kelembu acusa a Prieto de sobrefacturar la costanera
Básicamente, fiscalizarán si la obra fue ejecutada completamente, si cumple con las especificaciones técnicas, la fecha y plazo de la construcción, si el monto pagado corresponde al precio de mercado y cualquier otra observación.
La diligencia se llevó a cabo en el marco de una investigación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y Verónica Váldez, tras una denuncia del ex concejal Celso “Kelembu” Miranda (ANR, cartista) sobre supuesta sobrefacturación de la obra.
La abogada Gilda Portillo, defensora del intendente Prieto, cuestionó la verificación, al mencionar que anteriormente ya se había efectuado una pericia con un informe favorable a la gestión municipal.
“Están repitiendo la pericia hasta que salga un informe desfavorable. El fiscal Juan Ledesma ya había realizado la pericia; yo acompañé esa pericia”, recalcó la abogada defensora.
La denuncia
Según la denuncia de “Kelembu”, el intendente Prieto Vallejos cometió irregularidades en el proceso de convocatoria y adjudicación de la licitación de la costanera para beneficiar a la séptima mejor oferta de las 12 empresas presentadas en la puja.
Le puede interesar: Serie de allanamientos en investigación a gestión de Miguel Prieto
La obra fue adjudicada al Consorcio Ñande Ypoti, representado por Darío Zárate Rondelli y Enrique Vázquez García, por un monto de G. 11.524.728.822.
“Kelembu” había dicho que entre el mejor oferente y la adjudicada hay una diferencia de G. 2.400 millones y que según sus averiguaciones, la brecha sube a G. 5.000 millones.
El ex concejal cartista calificó de irregulares las modificaciones introducidas vía adenda en el contrato para reducir el precio del empastado de G. 239.210 a G. 10.550 el m2 y del abono de G. 90.913 a G. 8.091 el m².
Igualmente, había solicitado la inclusión en la investigación de los concejales que aprobaron la modificación de precios del pasto y abono.