Ediles oficialistas congelan veto a pedido de auditoría en Hernandarias

HERNANDARIAS. Los concejales oficialistas que manejan las comisiones asesoras de la Junta Municipal congelan un veto a pedido de auditoría a la gestión del intendente Emiliano Nelson Cano Ozuna (ANR, cartista). Semanas pasadas, los mismos ediles aprobaron un pedido a la Contraloría General de la República para que fiscalice la Municipalidad debido a supuestas irregularidades.

La Junta Municipal de Hernandarias había aprobado un pedido de auditoría de la Municipalidad.
La Junta Municipal de Hernandarias había aprobado un pedido de auditoría de la Municipalidad.

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En la sesión ordinaria de la Junta Municipal de Hernandarias esta semana se aguardaba el tratamiento del dictamen de las comisiones asesoras referente al veto del intendente Emiliano Nelson Cano Ozuna (ANR, cartista) a un pedido de auditoría que afecta su gestión. Sin embargo, la iniciativa quedó congelada.

La semana pasada ingresó el veto del ejecutivo municipal y el edil Alberto Báez (PLRA) propuso en plenaria de la legislatura distrital que sea rechazado inmediatamente, al alegar que el intendente no tiene la atribución de objetar un pedido de auditoría aprobada en la Junta. Pero, la mayoría oficialista resolvió que el veto sea derivado a comisiones asesoras.

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El veto está actualmente paralizado en las comisiones asesoras de Hacienda y Presupuesto, y Legislación, integradas por los ediles colorados Jhon Florentín, David Monzón, Celestino González y Milciades Dávalos.

Los tres primeros incluso habían votado a favor del pedido de auditoría, hace dos semanas. En aquel entonces, aparentemente el intendente Cano Ozuna perdió el apoyo de los ediles aliados debido a la serie de falencias en su gestión que afecta también a los concejales por la falta de pago de salarios.

Pedido de auditoría

El pedido de auditoría había sido aprobado tras el rechazo de la rendición de cuentas del jefe comunal por falta de documentos respaldatorios y supuesto hallazgo de irregularidades en la ejecución presupuestaria.

Según la concejal Nilda Venialgo (ANR), el intendente no justificó documentalmente los gastos en varios rubros, así también la falta de cumplimiento de la transferencia del 5% del presupuesto municipal para el financiamiento del servicio de salud y la falta de transferencia de los montos exigidos por las normativas a los bomberos.

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Los concejales también cuestionaron la falta de explicación sobre la deuda de la Municipalidad, que en los últimos tres años se ha triplicado hasta alcanzar G. 15.751 millones al cierre de 2023.

Esta deuda equivale casi a la mitad de los ingresos registrados en 2023, que fueron de G. 36.438 millones, de los cuales G. 27.513 millones corresponden a recursos propios o producto de recaudaciones en impuestos y tasas.

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