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La jueza penal de Garantías N° 5 de Ciudad del Este, Cinthia Garcete Urunaga, admitió el incidente planteado por el abogado defensor Pedro Fernández Ávalos y declaró el sobreseimiento definitivo del ex diputado Carlos Portillo (PLRA), acusado por supuesto tráfico de influencias.
La magistrada argumentó que el último acto de interrupción del plazo para la prescripción del proceso se produjo el 9 de septiembre de 2020 con el Auto Interlocutorio N° 844, por el cual se elevó la causa a juicio oral y público. Sostuvo que el plazo para la prescripción de un caso de tráfico de influencias es tres años, considerando su expectativa de pena.
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El ex diputado Portillo es acusado por la Fiscalía Anticorrupción por el delito de tráfico de influencia que está contemplado en la Ley 2523/04, que establece una sanción de hasta tres años de prisión para este ilícito. También estipula el tipo agravado del delito con penas de hasta cinco años cuando el tráfico de influencia sea ante un juez o un fiscal.
Según la jueza Garcete Urunaga, la prescripción del proceso del ex diputado Portillo se configuró el pasado 9 de septiembre de 2023, al transcurrir tres años del último acto de interrupción.
No obstante, la fiscala Luz Guerrero tiene otro criterio y sostiene que la prescripción se daría en cinco años, considerando que el ex legislador altoparanaense está acusado por el tipo agravado del delito de tráfico de influencia. La resolución de la jueza Garcete puede ser objetada por la fiscala con un recurso ante el Tribunal de Apelaciones.
Chicanas y mora judicial
Para la declaración de la prescripción del caso fue crucial una serie de chicanas planteadas por la defensa y la mora judicial, incluyendo hasta a la Corte Suprema de Justicia.
El Auto Interlocutorio N° 844, que elevaba la causa a juicio oral, había sido apelado por la entonces fiscala Liliana Alcaraz debido a que la jueza Garcete excluyó los audios como pruebas. También fue apelado por el abogado defensor.
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Tras una serie de excusaciones y recusaciones en el Tribunal de Apelaciones, el 9 de mayo de 2022, los camaristas Emilio Gómez, Efrén Giménez y Lilian Benítez confirmaron la resolución de la jueza Garcete.
La defensa de Portillo nuevamente planteó dos recursos contra la decisión del Tribunal de Apelaciones: uno de reconsideración y otro de apelación ante la Corte Suprema de Justicia.
Los camaristas rechazaron el recurso de reconsideración presentado por la defensa y remitieron el expediente a la Corte Suprema de Justicia. El 22 de septiembre de 2022, la Sala Penal de la Corte rechazó la pretensión de la defensa y confirmó la decisión del Tribunal de Apelaciones.
Además, el abogado defensor planteó una excepción de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional de la Corte contra la decisión del Tribunal de Apelaciones. Finalmente, la defensa desistió de esta presentación al conseguir dilatar el caso por más de tres años para después pedir la prescripción del caso.
El ex diputado Portillo está acusado por supuesto tráfico de influencias, tras presuntamente participar en un pedido de 3.000 dólares para conseguir una resolución favorable en la Cámara de Apelaciones de Ciudad del Este. El ex legislador fue grabado cuando supuestamente solicitaba el dinero a una procesada por estafa.