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En la sesión ordinaria de la Junta Municipal de Presidente Franco, convocada este martes, el concejal Hugo Mendoza (ANR) planteó vía minuta un pedido de auditoría a la Contraloría General de la República para verificar la licitación relacionada a la remodelación del polideportivo.
La propuesta fue planteada tras conocerse que la Municipalidad franqueña, administrada por Roque Godoy (PLRA), había recibido de forma definitiva la obra de remodelación del polideportivo que aún se encuentra en plena ejecución.
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Según los antecedentes, el 1 de noviembre de 2023, el intendente Godoy Jara había adjudicado un contrato de G. 464 millones a la firma Fann SA, representada por Alberto Silva Torales, para los trabajos de remodelación del polideportivo ubicado en el Área 5.
La empresa ya cobró la totalidad del monto del contrato y el pasado 29 de enero el director de Obras de la Municipalidad, Cristhian Ortiz, firmó el acta de recepción definitiva de la obra. En el documento se consignó que los trabajos culminaron; sin embargo, la obra sigue en plena ejecución.
El concejal Mendoza solicitó a sus colegas que el pedido de auditoría sea aprobado con urgencia, debido a las irregularidades constatadas en la licitación. Pero la mayoría, oficialista que responde al intendente, optó por enviar la propuesta a las comisiones asesoras de la Junta: se trata de una maniobra para enfriar el caso.
La versión del intendente
Luego de conocerse la cuestionada recepción definitiva de la obra, el intendente acudió este martes a la Junta Municipal para brindar explicaciones ante el nuevo escándalo que sacude su gestión.
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Godoy Jara dijo que hubo un “error” en las previsiones presupuestarias de la licitación y que no se contemplaron los costos de la carga de 2.724 metros cuadrados de hormigón armado en la cancha. Mencionó que nadie se percató de la omisión y que no se podía introducir una adenda (cambio) en el contrato.
Manifestó que la empresa contratada se hará cargo de la carga del hormigón armado sin reajuste del precio y que la obra concluiría en las próximas semanas.
El intendente es esposo de la diputada Roya Torres (PLRA), quien está imputada por el delito de cobro indebido de honorarios junto con su “nepobaby” Elías Martín Godoy Torres (19).