Durante los alegatos finales, los fiscales Alcides Giménez y Edgar Benítez hicieron un relato detallado de la forma en que la familia Torrás fue atacada en su propia casa por una turba supuestamente liderada por Rafael Esquivel, alias Mbururú. Además de ser golpeados, saquearon el establecimiento y destruyeron valiosas maquinarias rurales.

El ataque había ocurrido el 20 de agosto del 2022. En ese entonces, un grupo de personas enmascaradas habían atacado a una familia, ocasionando destrozos millonarios y robos.

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Al término de los alegatos finales, el tribunal conformado por Herminio Montiel, Zunilda Martínez y Marino Méndez dispuso un cuarto intermedio para la deliberación. Convocaron a las partes para las 18:00 para dar a conocer la sentencia.

Pidieron altas condenas

Durante los alegatos finales, el fiscal Alcides Giménez explicó que Rafael Esquivel, alias Mbururú, fue el instigador de lesión grave, robo, producción de riesgos comunes, actuando como cabecilla de la turba. Solicitó sea sancionado con privativa de libertad de 12 años.

Mientras que el abogado Luis Giménez, quien ejerce la querella adhesiva, solicitó 20 años de pena privativa de libertad para Mbururú. Afirmó que este último ejerció su influencia sobre la comunidad indígena, pues como estaba en plena campaña proselitista estaba en busca de captar adeptos.

Otro de los procesados con alto pedido de pena fue Diego Gonçalves Díaz, sindicado como una de las personas que encabezó la turba y acorraló a una mujer a quien habían manoseado e intentaron someter sexualmente. Además, según la Fiscalía el mismo lideró la quema de tractores y robo, por lo que se pidió 15 años de prisión. Para la querella, la conducta de Diego es aún más reprochable, pues en todo momento quiso confundir al tribunal, por lo que el abogado Giménez solicitó que le apliquen 21 años y 6 meses de pena privativa de libertad.

Los demás procesados

En cuanto a Lorenzo Díaz Martínez, Héctor Jonás Gauto, Armando Moisés Gauto, Cristóbal Gauto Tapari, Juan Ignacio Gauto Tapari se les atribuye la autoría de los siguientes hechos: tentativa de homicidio, producción de riesgos comunes, la Fiscalía solicitó 10 años de cárcel.

Mientras que la querella solicitó 18 años de cárcel para los Gauto Tapari y Díaz Martínez, al considerarlo de la primera línea del ataque. En tanto para Armando Moisés Gauto, y Milciades Benítez Benítez y Héctor Jonás Gauto la querella solicitó 15 años de cárcel.

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Mientras que a Eduvigis Benítez Vargas se lo sindica como participante activo en el hecho de coacción grave, toma de rehenes, amenaza de hechos punibles, robo agravado y producción de riesgos comunes. La querella pidió que le apliquen 10 años de prisión.

En tanto, Juliano Gonçalves el segundo en mando en la comunidad indígena fue sindicado por coacción grave, robo agravado, producción de riesgos comunes y asociación criminal, por lo que se pidió siete años de cárcel para el mismo. La querella pidió igual cantidad de pena.

Mientras que a Jorgen Ramón Jara Franco, Lidio Rojas Soria, Milciades Benítez Benítez, Milciades Rojas Medina, Edilson Esquivel Benítez se les atribuyó lesión grave y coacción grave, robo agravado, producción de riesgos comunes y asociación criminal en carácter de coautores. Para los citados la Fiscalía pidió 7 años de cárcel y la querella 10 años.

Para Lorena Gisella Gonçalves, la querella pidió 29 años de prisión, al ser sindicado junto a la prófuga de la justicia, Jorgelina Portillo de instigar para la coacción sexual contra la dueña de casa.

Tanto el Ministerio Público como los abogados de la querella pidieron absolución de culpa y pena a Rubén Julio Paniagua, alegando que hubo dudas de su participación. Los abogados de la defensa pidieron absolución para todos los procesados. Afirmaron que los verdaderos responsables del ataque están prófugos.