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En noviembre de 2022, los concejales municipales Germán Ibarrola (ANR) y Nilda Venialgo (ANR) presentaron una denuncia contra el intendente de Hernandarias Emiliano Nelson Cano Ozuna (ANR - cartista) ante la Fiscalía Anticorrupción y la Contraloría General de la República.
La queja fue planteada a raíz de la presunta compra fraudulenta de un inmueble por la suma de G. 3.900 millones. Los fondos habían sido obtenidos por la Municipalidad mediante un empréstito.
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Luego de casi un año de la denuncia no se conoce ningún avance de la investigación que se tramita en la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción N° 1, a cargo de Alma Zayas.
“Urgimos que se pueda acelerar la investigación de manera que se pueda realmente confirmar quiénes son los verdaderos culpables del pago irregular de los G. 3.900 millones”, expuso la concejal Venialgo.
Antecedentes
Según los antecedentes, en octubre de 2022 el intendente Cano Ozuna desembolsó G. 3.900 millones a los representantes de la Iglesia Dios en el Paraguay para la compra de 1.075 m2, colindante al predio de la Municipalidad de Hernandarias y donde está construido el polideportivo municipal.
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Para los contralores municipales, solo 100 m2 del terreno comprado pertenece a la iglesia y el resto del inmueble forma parte de la propiedad municipal. Incluso, en la gestión de Rubén Rojas (ANR) se iniciaron las tratativas para la adquisición de los 100 m2, pero no se concretó la transacción.
“La propiedad donde está asentado el polideportivo municipal es luego municipal y se hizo un pago irregular, sin siquiera tener en cuenta la tasación. Hace casi un año de esta denuncia y todavía no hay imputación”, reclamó la edil Venialgo.
Otra denuncia
En marzo de 2023, los abogados Ángel Chamorro y Julio Espínola también presentaron una denuncia contra el intendente Cano y los concejales que avalaron la compra tras la filtración de un audio del edil oficialista Alcides Ascona Duarte (ANR) que sugiere una repartija de sumas millonarias mediante el presunto negociado.
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Según los abogados, la Iglesia había comprado 2.600 m2 al extinto IBR, actual Indert. Luego vendió la mitad del predio, 1.300 m2, a Atanacio Chamorro Gómez, quien a su vez transfirió a la Municipalidad. Ahora, parte de esta misma parcela fue nuevamente “comprada” por la Comuna.
Por su parte, el intendente Cano defendió la compra y dijo que se evitó un millonario reclamo vía judicial de la iglesia.
El jefe comunal soporta otra denuncia en la Fiscalía Anticorrupción presentada por la Contraloría General de la República tras el hallazgo de indicios de hechos punibles en la provisión del almuerzo escolar.
Represalia contra denunciantes
Los concejales que denunciaron el presunto negociado del inmueble no cobran su dieta desde hace tres meses en una aparente represalia del jefe comunal. Los ediles oficialistas perciben sin inconvenientes sus haberes.