Contraloría denuncia intento de millonario daño patrimonial en Comuna de Franco

PRESIDENTE FRANCO. La Contraloría General de la República denunció ante el Ministerio Público un intento de millonario daño patrimonial en la Municipalidad franqueña, en una licitación de almuerzo escolar. La denuncia afecta al intendente Roque Godoy (PLRA), a la exintendente interina y actual concejal departamental Julia Ferreira (liberocartista), concejales, evaluadores y a la seccionalera María Fátima Sartorio Vanni, dueña de Fasv Import Export.

El intendente Roque Godoy (PLRA) y la exintendente interina y actual concejal departamental Julia Ferreira (liberocartista) fueron denunciados en la Fiscalía Anticorrupción.
El intendente Roque Godoy (PLRA) y la exintendente interina y actual concejal departamental Julia Ferreira (liberocartista) fueron denunciados en la Fiscalía Anticorrupción.gentileza

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Tras una auditoría, la Contraloría General de la República remitió al Ministerio Público un reporte de fuertes indicios de corrupción en dos licitaciones para la provisión del almuerzo escolar en la Municipalidad de Presidente Franco.

Según la denuncia del ente contralor, en 2021 las autoridades municipales intentaron causar un daño patrimonial de G. 582.595.200 a la Comuna, al direccionar la licitación a favor de la firma Fasv Import Export, perteneciente a María de Fátima Sartorio Vanni, presidente de la seccional 390 de Presidente Franco.

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El plan del millonario perjuicio patrimonial fue frustrado gracias a la intervención de la DNCP (Dirección Nacional de Contrataciones Públicas). Pero a raíz de la actuación ilícita de las autoridades franqueñas, los alumnos se quedaron sin la alimentación en el año lectivo 2021.

El 28 de septiembre de 2021, la entonces intendente interina y actual concejal departamental Julia Ferreira (liberocartista), adjudicó la licitación del almuerzo escolar a Fasv Import Export, pese que presentó la oferta más alta.

Las ofertas propuestas

La firma de la seccionalera cartista propuso G. 2.336.083.200, mientras que la oferta Copacabana, de Teófilo Amarilla, fue de G. 1.753.488.000. La proveedora con mejor precio fue descalificada por el comité de evaluación, compuesto por Lurdes Bordaberry, Miguel Faría Colmán y Enrique Jiménez.

El almuerzo escolar servido en una escuela de Ciudad del Este en el período lectivo 2022.
El servicio del almuerzo escolar fue direccionado a favor de una empresa y en perjuicio de las arcas de la Municipalidad de Presidente Franco, según el informe de la Contraloría.

La firma protestó ante la DNCP, que anuló la adjudicación al considerar sin fundamento la descalificación de Copacabana y ordenó la reevaluación de las ofertas.

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Sin embargo, los evaluadores y esta vez el intendente Roque Godoy (PLRA) nuevamente otorgaron la licitación a la firma de la seccionalera cartista, tras descalificar por segunda vez a Copacabana. Ante otra protesta, la segunda adjudicación fue anulada en DNCP en diciembre de 2021, cuando el año lectivo ya acababa.

Ambas adjudicaciones irregularidades habían sido avaladas por los miembros de la Junta Municipal.

Indicios de hechos punibles en 2022

La Contraloría General de la República también reportó a la Fiscalía Anticorrupción el hallazgo de indicios de hechos punibles en la provisión del almuerzo escolar en Presidente Franco, en el año lectivo 2022.

Casualmente, la licitación para provisión del almuerzo escolar nuevamente fue adjudicada a Fasv Import Export, a pesar de no plantear la mejor oferta. La firma de Sartorio Vanni se quedó con un contrato de G. 2.565 millones otorgado por el intendente Godoy, quien es esposo de la diputada Roya Torres (PLRA).

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La firma unipersonal Eustaquio César Torres Núñez propuso una oferta de G. 1.938 millones, pero fue descalificada y no presentó protesta.

La Contraloría igualmente comunicó a la Fiscalía que la Municipalidad franqueña efectuaba pagos a la firma Fasv Import Export, sin que la proveedora presente documentaciones exigidas en el pliego de bases y condiciones como constancia de cumplimiento de seguro social, entre otras.

Además, se informó a la Fiscalía que Fasv Import Export no pagaba el salario mínimo exigido en el pliego de bases y condiciones a los empleados y que la Comuna tampoco controlaba el cumplimiento de esta obligación.

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