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Los concejales Nilda Venialgo de Serafini (colorado abdista) y Germán Ibarrola Ozuna (PLRA) presentaron una denuncia ante la Contraloría General de la República y la Fiscalía General del Estado contra el intendente de Hernandarias Emiliano Nelson Cano Ozuna (colorado cartista) por una supuesta compra fraudulenta de un terreno por G. 3.900 millones.
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La denuncia es por la presunta comisión de los ilícitos lesión de confianza, producción inmediata y uso de documentos públicos de contenido falso, declaración falsa, asociación criminal, cohecho pasivo agravado y peculado. Además del jefe comunal, la acción está dirigida contra los supuestos implicados.
Los denunciantes relataron a los organismos de control e investigación que el intendente Cano Ozuna pagó G. 3.900 millones a los representantes de la Iglesia de Dios en el Paraguay por un terreno de 1.075 m2, colindante al predio de la Municipalidad de Hernandarias.
Según los ediles, solo 100 m2 del terreno comprado pertenece a la iglesia y el resto del inmueble forma parte de la propiedad municipal.
Obra pública en terreno ajeno
La Municipalidad de Hernandarias se vio obligada a comprar una porción de la propiedad de la iglesia, luego de que la obra del polideportivo municipal abarcara una porción del terreno colindante.
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La construcción del complejo deportivo había sido ejecutada por la Gobernación de Alto Paraná, durante la gestión del actual diputado Justo Zacarías Irún (colorado cartista).
En 2017, el entonces intendente Rubén Rojas (colorado cartista) firmó un acta de compromiso con los representantes de la Iglesia de Dios en el Paraguay para la compra de 100 m2 del terreno afectado por la obra del polideportivo por G. 100 millones.
La anterior administración distrital incluso convocó una licitación para la compra de los 100 m2, pero el proceso fue cancelado ante disputas judiciales entre los miembros de la iglesia que impedían identificar quién estaba legitimado para recibir el cobro.
Reclamo creció 10 veces
Tras la asunción del intendente Cano Ozuna aparecieron nuevos representantes de a iglesia encabezados por José Carlos Fleitas Vera y alegaron que el terreno afectado por la obra no era 100 m2, sino 1.075 m2.
Los nuevos representantes iniciaron una demanda de reivindicación de la parcela afectada contra la Municipalidad y propusieron un acuerdo conciliatorio en más de 1 millón de dólares, equivalente a más de G. 7.000 millones al cambio actual.
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Tras negociaciones, el monto bajó a G. 3.900 millones, suma que se consiguió a través de un préstamo bancario para el pago.
Otros cuestionamientos
Además de la duda sobre el crecimiento de la extensión de propiedad reclamada, los denunciantes cuestionaron que el pago se concretó sin que el acuerdo sea homologado y sin una tasación previa.
Los concejales también cuestionaron que el pago se efectuó en el rubro de “indemnización por daños y perjuicios”, aunque no se tiene una resolución judicial que certifique tal situación.
Igualmente, los denunciantes comentaron que aún no se resolvió la disputa interna entre los miembros por el manejo de la iglesia. Es decir, se pagó sin la certeza de conocer al legítimo representante de la iglesia.
Alega trasfondo electoral
El intendente Cano Ozuna sostuvo que detrás de la denuncia en su contra hay un trasfondo electoral, al comentar que su hijo Nelson “Kpeto” Cano es precandidato a diputado por el cartismo mientras que la edil Venialgo se postula para el mismo cargo por el oficialismo colorado.
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El jefe comunal afirmó que se realizó la tasación antes del pago y que el dinero fue entregado a los representantes de la iglesia autorizados por la justicia.
Consultado el significativo aumento del reclamo de la propiedad, el intendente dijo que inicialmente 100 metros cuadrados del terreno estaban afectados, pero que al terminar la obra creció el área afectada en 1.075 m2.