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La empresa adjudicada es Laya Construcciones SA, presidida por María Elena Moreno, que se encargará de las tareas de limpieza del complejo de edificios del Palacio de Justicia por un plazo de 23 meses.
La licitación fue otorgada por el Consejo de Administración de la VI Circunscripción Judicial, compuesto por Berta Ávalos (presidente), Efrén Giménez (miembro) y Juliana Giménez (miembro). La decisión se adoptó con base en el dictamen del comité de evaluación, integrado por Ediberto Ávalos, Mara Samaniego Sansiviero y Lorena Brítez.
Laya Construcciones SA registra una amonestación y dos inhabilitaciones por irregularidades en licitaciones, según datos abiertos de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCC).
La primera inhabilitación data de 2011, cuando la empresa fue suspendida de participar en licitaciones por seis meses, tras proporcionar información falsa para ganar un contrato para servicio de limpieza en la Contraloría General de la República.
Según la resolución N° 1901/2011 de la DNCC, Laya Construcciones SA declaró “la aplicación de un cálculo que arroja una suma inferior al salario mínimo legal, con lo que esté habría obtenido una ventaja que lo dejaba como la oferta de menor precio”.
En 2017 la empresa fue nuevamente inhabilitada por tres meses por presentar información falsa en una licitación de servicio de limpieza en el Ministerio de Hacienda. La firma negó encontrarse en mora con el fisco, acorde a la Resolución N° 1.177/17.
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En 2012, Laya Construcciones SA también fue inhabilitada por Contrataciones Públicas, pero después la sanción fue revocada.
La última sanción a la empresa es una amonestación aplicada en el primer semestre de este 2021 por la DNCC. La proveedora fue amonestada por incumplimiento de obligaciones contractuales en una licitación de G. 12.196 millones en el Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP).
Los responsables de la adjudicación del servicio de limpieza en el Palacio de Justicia sostuvieron que Laya Construcciones SA fue la proveedora que propuso la menor oferta económica, entre las otras tres empresas participantes en la licitación (ver infografía).
Las labores de limpieza de las sedes judiciales siempre están marcadas por quejas contra los proveedores.
Actualmente las tareas de higiene están a cargo de la empresa Ambiental del Este SA, representada por Andrea Rodríguez Vera y vinculada al exdiputado Elio Cabral (ANR). Esta firma fue denunciada por pagos retrasados de salario por sus empleados.
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El Consejo de Administración de la VI Circunscripción Judicial había rescindido el contrato a la anterior proveedora Cevima SA, de Claudio Escobar Brizuela, por realizar descuentos indebidos a los empleados.