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En el caso de Kassem Mohamad Hijazi tiene un largo historial de investigaciones y vinculación con lavado de dinero y evasión de impuestos, aunque el brasileño nunca fue condenado.
Empezó a operar como cambista dentro de la comunidad árabe asentada en Ciudad del Este. Luego instaló una casa de cambios clandestina denominada Telefax S.A. Préstamos Prendarios, que fue clausurada en 2004. Hijazi fue imputado y luego acusado, pero nunca condenado.
El brasileño seguía operando como importador en el edificio Salah I, ubicado sobre la avenida Adrián Jara de Ciudad del Este, donde fue detenido ayer a pedido de los Estados Unidos, con fines de extradición.
Enrique Giménez, abogado de la familia Hijazi, negó ayer que su cliente tenga vínculos con las actividades ilícitas que se le atribuyen.
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Otro de los sancionados, Khalil Ahmad Hijazi operó por varios años una empresa denominada España Informática S.A., que en 1979 fue constituida como unipersonal y en 2004 pasó a convertirse en una sociedad anónima. Luego cambió su nombre a Apolo y actualmente está cerrada.
Según los registros de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, España Informática vendió al Indert 404 hectáreas de tierras ubicadas en el distrito de Itakyry por G. 5.656.084.000 en 2016, durante la administración de Justo Cárdenas.
Khalil Hijazi negó cualquier vinculación familiar y comercial con Kassem Hijazi en el 2019, cuando fue investigado. Su empresa tenía una oficina en el centro de Ciudad del Este, pero cerró hace más de dos años, según comerciantes vecinos. No fue posible localizarlo para obtener su versión.
Liz Paola Doldán es fundadora y presidenta de Mobile Zone Internacional Import Export S.R.L., un local de electrónicos que ocupa varios salones de la galería Jebai Center, en la zona céntrica de Ciudad del Este.
Mobile Zone fue creada en 2014 y se posicionó rápidamente en el mercado con la comercialización de productos de importantes marcas internacionales.
En agosto de 2019, Liz Paola Doldán fue imputada por contrabando, lavado de dinero y asociación criminal por el ingreso irregular de mercaderías por valor de US$ 678.300.678 entre 2014 y 2019.
También fueron procesados sus padres Vilma Aidée González y Edilson Doldán, y su hermano Charles Edison Doldán. Los mismos habían logrado un sobreseimiento provisional, figura que utiliza el Ministerio Público cuando no reúne las pruebas necesarias durante la etapa de investigación.
Doldán no quiso dar declaraciones a este medio, según hizo saber a través de sus funcionarios.
La sanción para los tres consiste en el congelamiento de todo sus bienes en Estado Unidos, medida que se extiende a las empresas de las cuales sean accionistas y propietarios.
Las empresas incluidas en la sanción son España Informática, Apolo Informática, Emprendimientos Inmobiliarios Misiones S.A., Mundo Informático Paraguay S.A. y Mobile Zone.