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La ginecobstetra Rosana Nikonchuk fue condenada a un año de pena privativa de libertad y la pediatra Gricelda Sánchez a seis meses, ambas con suspensión a prueba de la ejecución; asimismo al pago de una composición de G. 150 millones y G. 11 millones, respectivamente, en el marco de una querella por lesión culposa presentada por la familia de la ingeniera agrónoma Raquel Miranda (30).
El caso data del 3 de enero del 2020, ocasión en que la joven fue sometida a una cesárea de urgencia en el sanatorio Central de Ciudad del Este con la actuación de las referidas profesionales de blanco, Nikonchuk en su carácter de ginecobstetra, Sánchez como pediatra y el anestesiólogo Rodolfo Ritter.
Durante el procedimiento hubo complicaciones con la anestesia, lo que le provocó a la paciente una broncoaspiración, teniendo en cuenta que se encontraba con el estómago cargado. Esto le causó una hipoxia cerebral, que la dejó en estado vegetativo.
En cuanto al recién nacido, el menor habría sufrido quemaduras de primer y segundo grado en la planta del pie izquierdo y en dos de los dedos, también del pie, a consecuencia de que fue expuesto a una estufa porque el centro asistencial no contaba con una incubadora. La pediatra había dejado solo al bebé por un momento para apoyar al equipo médico en el trabajo de reanimación de la madre, a raíz de un parocardiorrespiratorio.
En base a estos hechos, la sentencia fue dictada la semana pasada en el Poder Judicial de Ciudad del Este por el tribunal unipersonal, a cargo de la magistrada Flavia Lorena Recalde, luego del desarrollo de pruebas documentales y testificales.
La abogada Mirta García, defensa de las médicas, calificó de absurda la sentencia y anunció que apelarán al fallo, además de presentar una denuncia contra la jueza Recalde ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). “Vamos a llevar al Jurado (el caso) para que las autoridades sepan que esta señora violentó el derecho a la legítima defensa”.
Expuso que la familia de la joven había llegado a un acuerdo extrajudicial de G. 150 millones con el anestesiólogo que intervino en la cesárea, el doctor Rodolfo Ritter. “El acuerdo económico se dio ya que la paciente sufrió un daño cerebral severo a causa de una complicación anestésica, sin embargo la jueza consideró que la responsabilidad descansa sobre la ginecobstetra”.
Agregó que la magistrada no tuvo en cuenta lo que la Junta Médica dictaminó, mencionando que el estado de salud de la joven se debe a una cuestión de la anestesia y que fundó su resolución en lo que dijo el doctor Ritter y los familiares de Raquel Miranda. “Ella basó su veredicto en un supuesto incumplimiento de un protocolo cuando menciona que el anestesiólogo dijo que no le avisaron que la paciente tenía el estómago lleno; sin embargo el perito aclaró que ese interrogatorio tiene que hacerlo el anestesiólogo antes de iniciar su procedimiento, eso ella no escuchó”, dijo la defensora.
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En la sentencia, la jueza sindicó que la doctora Nikonchuk había obviado u omitido el protocolo dispuesto en el Manual Nacional de Atención a Principales Patologías Obstétricas del Ministerio Salud. También hizo mención que fue ésta la profesional que inspeccionó y conversó con la paciente, por lo que “debió necesariamente comunicado al anestesiólogo que estaba con el estómago lleno”.
En este caso específico, los familiares indican que la joven primeramente consultó con la ginecobstetra a quien reclaman no haber actuado con respecto a que se encontraba con el estómago cargado.
Sobre a la condena de la pediatra, la abogada García cuestionó duramente el fallo al decir que para la magistrada, la médica debió haberse quedado con el bebé y no tuvo en cuenta que lo que su defendida hizo fue ir a salvar la vida de la madre. “Si vamos a interpretar lo que la jueza dice, Gricelda tenía que dejar morir a la paciente y hoy ella no iba a ser condenada, donde están los principios de la jueza, cuál es la prelación de valores que tiene”.
Gremio médico repudia condena
Por otra parte, la Asociación de Médicos del Alto Paraná (AMAP) se pronunció sobre el caso calificando de injusta la condena. Su presidenta, la doctora Idalia Medina, dijo que como gremio están muy preocupados porque esto va a quedar como precedente para una “cascada de demandas sin fundamentos”.
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“Exigimos que la justicia sea justa y no parcialista como se demostró con la jueza (Recalde). Nosotros estábamos muy esperanzados, las colegas también confiaron en la justicia paraguaya, enfrentaron porque sabían de su inocencia”, dijo.
Sostuvo que se trata de criminalizar el actuar médico y que no tienen garantías jurídicas para ejercer la profesión. Insistió en que la magistrada hizo mal su trabajo y que tomarán medidas al respecto. “Rosana y Gricelda son inocentes y vamos a pelear para demostrar eso, para que esta sentencia sea revocada”, finalizó.