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Los ediles que defienden los intereses del supuesto narcotraficante son: Miguel Ángel González (ANR-Concordia), Semión Duarte Duarte (PLRA, dionisista), José Félix Guerín Gómez (PLRA) y María Bartola Fernández de Martínez (Cruzada Nacional).
Los citados concejales integran la comisión de Legislación de la Junta Municipal, donde está congelada desde noviembre una propuesta para anular una adjudicación de un valioso inmueble municipal de casi una hectárea a Medina Otazú. La finca está ubicada en el barrio Tres Fronteras, a escasos metros del futuro Puente de la Integración.
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El presunto narco se apoderó de la finca individualizada con cuenta corriente catastral 26-1571-1, de 7.308,91 metros cuadrados mediante un trámite fraudulento realizado durante la administración municipal de su padre fallecido Miguel Medina Mauro.
En julio de 2012, el entonces intendente Medina Mauro adjudicó en arrendamiento el predio a su hijo, quien alegó que supuestamente ocupaba el predio. Sin embargo, Medina Otazú nunca ocupó el inmueble donde en realidad están afincados los herederos del excombatiente fallecido Filomeno González Núñez desde la década del 60.
El arrendamiento fue otorgado de forma irregular, ya que una ordenanza exige la ocupación efectiva por parte del beneficiario.
En diciembre de 2014, Alcides Fernández López (ANR) en carácter de intendente adjudicó de forma definitiva el inmueble al presunto narco por la ínfima suma de G. 13.981.958.
En el despojo de las valiosas tierras municipales están implicados funcionarios de la oficina municipal de Catastro quienes falsearon datos en documentos públicos al consignar que Medina Otazú era ocupante del predio.
El negociado salió a luz el año pasado y los herederos del excombatiente -que también reclaman el predio- solicitaron la anulación de la adjudicación al presunto narco.
Los concejales miembros de la comisión de Legislación encajonan el expediente desde noviembre pasado, con la excusa de una supuesta prejudicialidad. Solo la edil Blanca Acuña (ANR, rierista) firmó un dictamen en borrador para la anulación de la entrega de la finca.
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El concejal Miguel González dijo que el expediente “es muy complejo” y que hay un pleito en el Tribunal de Cuentas sobre la propiedad del inmueble. Sin embargo, en otro caso similar los ediles habían anulado en diciembre pasado otro negociado similar con tierras municipales sin mayores trámites.