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Los suboficiales Aguayo Brítez y Ovelar soportan un proceso penal caratulado por extorsión y coacción grave.
Los ahora imputados están bajo sospecha de despojar G. 3.800.000 a José Armando Díaz Martínez y a su hermano menor, quienes habían solicitado auxilio a la Policía tras ser asaltados por dos motochorros en la tarde del jueves último.
El fiscal Trinidad presentó la imputación contra los uniformados en el juzgado penal de garantías de Ciudad del Este, a cargo de Teresita Casal. Igualmente solicitó la aplicación de la prisión preventiva para los agentes.
Según los antecedentes, alrededor de las 14:00 del jueves pasado, dos motochorros irrumpieron al taller de armas ubicado en el barrio San Miguel de Ciudad del Este. Tras reducir a Díaz Martínez y a su hermano de 17 años, los bandidos se apoderaron de dos armas de fuego, dos celulares y G. 1.800.000 para luego fugarse del lugar.
Los afectados cerraron el negocio y Díaz Martínez acudió a la subcomisaría 51 a pedir auxilio. Los policías se trasladaron hasta el local atracado y consultaron a los afectados si contaban con autorización de la Dimabel para el taller. Al constatar que no se tenía el documento, los agentes extorsionaron a los comerciantes a entregar G. 5 millones para no comunicar a la Fiscalía.
Los comerciantes entregaron G. 3.800.000 a los policías quienes se retiraron del sitio sin siquiera hacer el acta del golpe de los motochorros, no sin antes avisar que pasarían semanalmente a cobrar un peaje de G. 125.000.
Los afectados finalmente acudieron a la Dirección de Policía a formular la denuncia del asalto y de la extorsión de los agentes.
El fiscal con acompañamiento de personal del Departamento de Investigación de Delitos se constituyó hasta la subcomisaría 51 y el propio jefe de la sede Víctor Julián Mora comunicó que el procedimiento estaba a cargo de Aguayo Brítez y Ovelar.
Las víctimas brindaron este viernes un relato detallado sobre el asalto y extorsión en la Fiscalía, mientras que los agentes procesados se abstuvieron de declarar en la audiencia indagatoria.
Los dos uniformados imputados están recluidos en la Dirección de Policía y este sábado tendrán su audiencia en el juzgado.
Agentes de Investigación de Delitos de la Policía colectaron filmaciones de circuito cerrado en las inmediaciones del taller de armas como evidencia que servirá para aclarar la denuncia.