Fiscalía se opone a liberación de supuestos “polibandis”

CIUDAD DEL ESTE. La fiscala Vanesa Candia se opuso a la revocación de la prisión preventiva de cuatro supuestos “polibandis” solicitada por la defensa. Los efectivos están imputados por robo agravado y privación de libertad. La decisión se encuentra en la lapicera de la jueza Fátima Burró.

Los policías investigados cumplían funciones en la comisaría 7ª del barrio san José de Ciudad del Este.
Los policías investigados cumplían funciones en la comisaría 7ª del barrio San José de Ciudad del Este.gentileza

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La audiencia de revisión de medidas se llevó a cabo de forma presencial en el juzgado penal de Garantías Nº 7, a cargo de la magistrada Burró.

En audiencia, los abogados defensores Luis Barrios Bazán y Félix López Apariz solicitaron al juzgado la revocación de la prisión preventiva impuesta a los policías Fredy Miguel Villalba Ramírez (38), Santiago Acosta (37), Carlos Sanabria Paredes (32) y Alfredo Mendoza Said (37).

Los agentes están procesados por supuestamente raptar y robar a punta de arma de fuego 125.000 reales, unos G. 156 millones al cambio actual, al comerciante brasileño Roger Ruiz Ramos, el 15 de diciembre de 2019, en el Área 1 de Ciudad del Este.

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La fiscala Candia se opuso a la pretensión de la defensa y sostuvo que no hubo variación de los motivos que fundaron la prisión preventiva. Alegó que sigue latente el peligro de obstrucción a la investigación.

La imputación

Según el escrito de la imputación fiscal, alrededor de las 14:30, en el viaducto del Km 337,5 (ex Km 5,5) de la ruta PY02, los ahora procesados habían demorado a la víctima que se desplazaba en un taxi, tras encontrar en su poder una mochila que contenía 250.000 reales.

Los agentes condujeron al extranjero en una parte boscosa, ubicada detrás del Club Social del Área 1, y allí le habrían despojado de 125.000 reales. Seguidamente llegó al lugar el taxista Bienvenido Acosta González, quien se encargó de llevar al afectado a su país tras cobrar 1.000 reales del dinero robado.

Cámaras de circuito cerrado e informe de las empresas de telefonía sobre localización de teléfonos confirmaron que los policías y el taxista se desplazaban acorde al relato de la denuncia.

El polémico abogado José Gil López fungió de asesor de la víctima a quien acompañó en la presentación de la denuncia. Pero después a espalda de su cliente intentó retirar la queja para encubrir a los supuestos polibandis.

Tanto el abogado Gil López como el taxista fueron imputados por encubridores. Ambos mantenían constantes comunicaciones telefónicas con los policías involucrados.

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