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Según datos del Ministerio de Hacienda, la Municipalidad esteña, administrada por Miguel Prieto (MCDE), encabeza la lista con una transferencia global de G. 21.771 millones. En segunda ubicación se encuentra la Comuna de Presidente Franco, bajo gestión de Roque Godoy (PLRA), con 18.596 millones.
En tanto que Hernandarias, gobernado por Rubén Rojas (ANR, cartista), recibió G. 15.061 millones y la Municipalidad de Minga Guazú, manejada por Digno Caballero (ANR, cartista), percibió G. 10.837 millones.
Estos cuatro principales municipios de Alto Paraná concentran casi el 52% de las transferencias. Igualmente, en estas ciudades se reportaron varias denuncias por supuestos manejos irregulares de los recursos.
El caso más sonado involucra a la pareja conformada por el intendente de Minga Guazú Digno Caballero y la diputada Blanca Vargas de Caballero (ANR, cartista). El jefe comunal adjudicó 19 licitaciones a la empresa Dimafre SA por un valor de G. 2.026.600.600 para obras en escuelas y compras de pupitres con financiación del Fonacide; además, otorgó 15 contratos a la firma Po Kuarahy Rese SA por G. 3.060 millones para adquisición de piedras para empedrado con recursos de royalties.
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El año pasado se descubrió que en ambas empresas la diputada Vargas era accionista, según la misma admitió en su declaración jurada de bienes.
El fiscal Anticorrupción Francisco Cabrera investiga al matrimonio Caballero-Vargas por supuesto tráfico de influencia, enriquecimiento ilícito y lesión de confianza a raíz de una denuncia presentada por concejales disidentes.
En su descargo la legisladora cartista dijo que había transferido las acciones a otra persona antes de asumir su banca y previamente a la adjudicación de las licitaciones.
El intendente de Ciudad del Este Miguel Prieto también fue denunciado en la Fiscalía por supuestas irregularidades en el uso de los recursos de royalties. Según la del polémico concejal Celso Miranda “Kelembu” (ANR, zacariista), la obra de la costanera Ñande Renda, financiada con royalties, fue adjudicada irregularmente al Consorcio Ñande Ypotĩ, conformado por la firma unipersonal Arquitecto Darío Zárate y Servinco Paraguay SA, por un monto de G. 13.030.620.435. Una queja similar presentada en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas fue archivada.
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La Oficina de Auditoría del Poder Ejecutivo detectó la utilización irregular de G. 789.404.259 en la Municipalidad de Juan León Mallorquín, administrada por Mario Noguera (PLRA, llanista), tras un análisis de la ejecución de los recursos del Fonacide y royalties. El jefe comunal liberal soporta una imputación por supuesta lesión de confianza.