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La nueva sede cumplirá con las exigencias de seguridad acordes a los estándares internacionales que promueven la aplicación de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de Reclusos (Reglas de Mandela).
La ministra Perez verificó el avance de las obras y afirmó que una vez habilitado se disminuirá la sobrepoblación. Los trabajos no se suspendieron desde que se inicio la cuarentena por lo que la construcción estaría lista para febrero próximo.
La construcción está a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, forma parte del Lote 3 del llamado Nº 131/2018 “Para la Construcción de Nuevos Establecimientos Penitenciarios y está a cargo del Consorcio AGB-Tocsa SA. La misma demandó una inversión de G. 67.799 millones y tendrá capacidad para albergar a unas 1.568 personas privadas de libertad.
En otro momento, la ministra comentó que la Dirección General de Planificación y Desarrollo Institucional trabaja en un manual de gestión penitenciaria donde se contemplan protocolos, reglamentos y modelos de intervención que serán aplicados en los nuevos centros penitenciarios.
Por otra parte, también está prevista la inclusión de servicios de sanidad para tratar los problemas de adicción y salud mental. Asimismo, se potenciará el desarrollo de proyectos de reinserción social para las personas privadas de libertad, generando un círculo virtuoso que brinde mayor seguridad ciudadana y estimule el cambio de la percepción ciudadana acerca de las personas privadas de su libertad.
Iniciativa de internos
La ministra de Justicia, Cecilia Pérez valoró la iniciativa de los internos del penal de Ciudad del Este para suspender las visitas y así evitar el posible contagio del COVID-19. “Estamos orgullosos de que la concienciación haya llegado y que sean ellos los que haya solicitado la suspensión temporal de las visitas. Esto ayuda que las tensiones bajen y que la medida no sea una imposición para ellos”, expresó.