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El intendente liberal presentó su rendición de cuentas correspondiente al ejercicio 2019 por un monto de G. 5.474.633.834, el 31 de marzo pasado.
Los concejales tuvieron 40 días de plazo para tratar la ejecución de presupuestos. Una sesión fue convocada ayer, último día del plazo, con esa finalidad. Sin embargo, los concejales de la Alianza Mallorquina Gustavo Benítez, César López, Alfredo Acosta, Derlis Alfonzo, Nestor Cardozo y Dori Vera decidieron postergar el estudio del balance, pese a que no había más tiempo legal.
Los concejales colorados Manuel Ortega, Rubén Cabral, Ramón Ovelar, Adrián Cantero y Alba Ortiz propusieron el tratamiento de la rendición de cuentas, pero la propuesta fue rechazada por la mayoría oficialista.
Según un dictamen en minoría, que aconsejaba el rechazo del balance, se ha constatado una serie de irregularidades en la gestión del intendente Noguera.
El documento señala un saldo presupuestario negativo de G. 65.840.401 en el objeto de gasto transferencia para complemento nutricional en escuelas. Es decir, se pagó por encima del monto presupuestado para la compra del almuerzo escolar.
El dictamen igualmente indica que se registraron pagos realizados con fondos de Fonacide por G. 960.303.888, pero solo se registró ingresos por G. 747.972.603. Además, menciona que el intendente no justificó el destino del saldo bancario de 2018.
“Se ha obligado por valor de G. 196.931.283; sin embargo, al consultar la página de la DNCP (Dirección Nacional de Contrataciones Públicas) solo se observa la adjudicación por valor de G. 30.101.600. El intendente no ha procedido a realizar la comunicación de los llamados a licitación para adquisición de Bienes de Consumo de oficina por valor de G. 166.829.683”, indica otro punto de cuestionamiento del dictamen.
El intendente Noguera defendió su gestión y sostuvo que su rendición fue presentada en orden. Sostuvo que todos los pagos están justificados y que no hubo sobrefacturación. Alegó la Comuna recauda casi solo para pago de salarios y otros gastos corrientes. “Cada municipio tiene su realidad y el concejal Cabral es el primero en cobrar”, añadió