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“Somos observadores” es una campaña de vigilancia ciudadana sobre el proceso judicial del caso Curuguaty, en el que fueron asesinados once campesinos y cinco policías, en un enfrentamiento durante un operativo de desalojo, el 15 de junio de 2012. A tres años de aquel hecho, se convoca a la ciudadanía para exigir con esta campaña “transparencia e imparcialidad en el proceso, y justicia plena en cuanto a sus resultados”.
Según los iniciadores de la campaña, que son miembros de varias organizaciones sociales y activistas, desde el inicio de la investigación se registraron una serie de irregularidades. Una de ellas es que a pesar de que hubo muertos tanto del lado de los campesinos como del de los policías, solamente serán juzgados los campesinos, ya que no hay un solo policía tan siquiera sospechoso. “Son parte del campesinado pobre en lucha por la tierra en el Paraguay”, indicaron.
Se invita a todos los interesados en vigilar el proceso a unirse a la campaña, tanto aquellos residentes en Paraguay como en el exterior. Se puede activar de manera personal o formando grupos. El objetivo es que estas personas acompañen ya sea físicamente o bien a través de las redes sociales cada paso del juicio. También se habilitó el sitio www.somosobservadores.org.
En las páginas de la organización se irán difundiendo informaciones, imágenes y mensajes al respecto, que se espera sean compartidas por todos los “observadores”. También se insta a organizar conversaciones y debates sobre el caso y la evolución del juicio, en las comunidades, universidades, colegios y otros espacios.
“Se apela al poder ciudadano de impedir que exista una condena injusta a las personas acusadas y de exigir identificación y juzgamiento de los verdaderos responsables, construyendo de esta manera un país con verdadera justicia”, indica el manifiesto dado a conocer durante el lanzamiento de la campaña, realizado esta semana.
El lunes se cumplieron tres años de la masacre de Curuguaty, un hecho sin precedentes que desestabilizó el país y derivó en un juicio político inmediatamente, con lo que se destituyó al entonces presidente Fernando Lugo. Sigue siendo muy confuso lo que sucedió esa mañana. Lo que sería un procedimiento de desalojo se convirtió en un campo de batalla en donde fallecieron 17 paraguayos.
La tierra donde ocurrió la matanza, Marina Kué, es reclamada por la familia Riquelme, sin embargo, la misma fue cedida al Estado hace varios años. Este dato fue reiterado en varias ocasiones por el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), inclusive durante la gestión de su actual titular, Justo Cárdenas. Otro dato llamativo dentro de todo el proceso, es que el fiscal que inició las investigaciones en torno al caso es Jalil Rachid, amigo de la familia Riquelme.
Son 13 las personas que deben enfrentar el juicio por el caso: todos son campesinos. Los acusados son: Rubén Villalba, Felipe Martínez, Luis Olmedo, Adalberto Castro, Arnaldo Quintana, Néstor Castro, Lucía Agüero, Fani Olmedo y Dolores López Peralta, por los hechos de tentativa de homicidio doloso, invasión de inmueble ajeno y asociación criminal. También, Alcides Ramón Ramírez y Juan Carlos Tillería fueron acusados por asociación criminal e invasión de inmueble, mientras que Felipe Nery Urbina está acusado de frustración a la persecución penal.
Hace unos días, se pospuso el juicio oral y público debido a que “no había salas disponibles en el Palacio de Justicia”.