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“Veníamos sufriendo el abuso de poder de la Policía y de todas las instituciones en realidad, sintiendo profundamente la discriminación, por eso nos organizamos. Venimos trabajando desde hace 12 años por los derechos de las trabajadoras sexuales. Hemos aprendido que somos sujetas de derecho y no objeto”, explica Buenaventura Cabañas, una de las mujeres fundadoras de la organización Unidas por la Esperanza (Unes), que trabaja desde hace más de una década en la promoción de los derechos de las trabajadoras sexuales del país.
Cabañas reconoce que, actualmente, la situación de muchas de sus compañeras que trabajan en los burdeles, principalmente en los de Cuatro Mojones, requiere de una intervención estatal, principalmente en lo que se refiere a la habilitación y el control por parte de las municipalidades de Lambaré y Asunción -de los que dependen los lupanares de la zona- para evitar que siga habiendo trata de menores de edad y explotación por parte de los propietarios de estos lugares.
“Desde la organización denunciamos varias veces a los policías que extorsionan a los propietarios de burdeles y a las mismas compañeras, pero desde la Comandancia nos dicen: “Tráiganos pruebas, nombres, vídeos, ¿y cómo se supone que vamos a llevarles ese tipo de cosas? Pasa que para ellos, muchas veces, nuestra palabra no vale”, asegura Cabañas.
Existe una estructura muy grande que mantiene este sistema de burdeles funcionando, en que todos cobran su parte y en el que las mujeres, muchas de ellas niñas y adolescentes, son las más discriminadas y expuestas como las responsables de “todo lo malo” que se vive. Los locales de Cuatro Mojones presentan un historial que mezcla alcohol, violencia, explotación y trata de menores de edad desde hace décadas.
Decenas de intervenciones fiscales se realizaron en los últimos años en burdeles de la zona, de donde se rescataron a menores o mujeres que eran forzadas a trabajar ofreciendo servicios sexuales. La última intervención fiscal, del 4 de octubre pasado, se generó a partir de la denuncia de una niña de 12 años, que aseguró haber sido maltratada y sometida sexualmente en el burdel “La Tablita”, de Cuatro Mojones. No obstante, todo el sistema sigue funcionando normalmente, sin que las autoridades municipales se inmuten ante esta situación ni ante estos acontecimientos.
Tatuaje de una rosa en el brazo izquierdo y algunas cicatrices en el cuerpo. Cabañas se muestra sólida en sus convicciones, aunque admite que le costó, tanto a ella como a sus compañeras, mostrarse ante una sociedad que discrimina y que ve al trabajo sexual como un tabú. “Queremos visibilizar a las compañeras, que también son ciudadanas con derecho. Que también somos tías, hermanas, hijas, que tenemos familia. Al principio cuesta demasiado enfrentarse a la familia con una situación así, sobre todo, por lo que dice la sociedad”, señala Cabañas.
Para Lucía Benítez, también trabajadora sexual y que forma parte de la organización de Unes, la situación con la Policía es una cuestión preocupante, porque siguen siendo maltratadas y perseguidas por los agentes policiales. “En Alto Paraná, cuando hacemos nuestro recorrido para facilitar a las compañeras de preservativos -porque es lo que hacemos en forma constante- la Policía viene y empieza a hostigarnos, nos dicen 'qué drogas les están repartiendo', nos acusan de todo”, señaló Benítez.
Mónica Aquino es trabajadora sexual desde hace 30 años y una de las fundadoras de Unes. Aquino es categórica al referirse a lo que representa para ellas el trabajo policial. “Para nosotros, la Policía es la misma que teníamos desde la época de Stroessner; para nosotros, la dictadura nunca terminó”, dice Aquino, con el consentimiento de las demás. Dice que hasta hoy día se sienten totalmente perseguidas por los agentes policiales en cualquier circunstancia y que para las que trabajan en las calles, la situación es aún peor, porque están a total merced de las comisarías zonales.
Aquino recuerda, igualmente, la impunidad en la que acabaron los asesinatos de varias trabajadoras sexuales en los últimos años. Si bien no puede precisar una cifra, dice que fueron muchas las mujeres que murieron trabajando en las calles y que ningún caso fue resuelto. “Cuando se hicieron las denuncias, en las comisarías dicen directamente que fue crimen pasional y termina todo ahí, nadie investiga. Nosotras no tenemos dinero para mover las investigaciones, pero es muy triste cuando no hay justicia. Eso duele mucho, tanto como la discriminación”, sentencia Aquino.
Para Cabañas, hay mucha hipocresía cuando se habla de trabajadoras sexuales dentro de la sociedad paraguaya y mucho más desde los organismos del Estado. “El Estado paraguayo no puede cerrar sus ojos ante una realidad tan grande. Todos los días prácticamente vemos que está creciendo la demanda de trabajadoras sexuales y el Estado no puede cerrar sus ojos. Cuando queremos hacer una denuncia por maltrato, en las comisarías no quieren anotar que la denuncia fue realizada por una trabajadora sexual, sino que ponen ama de casa, o cualquier otra cosa”, indica Cabañas.
Con relación a la trata de menores de edad y la explotación de mujeres en burdeles, las activistas de Unes dicen que no hay necesidad de tapar una realidad, ya que esa situación se da con frecuencia, pero porque falta control municipal y menos complicidad policial. Coinciden en que la organización trabaja directamente con las mujeres mayores de edad, ya que la situación de los niños y adolescentes corresponde a instituciones bien definidas que deben hacer su trabajo. “Cuando se trata de menores de edad, la situación es muy delicada. En lo posible, si sabemos de un caso, rápidamente comunicamos a la fiscalía para que tome las medidas que corresponde”, expresa Cabañas. “La trata de personas no es igual a trabajo sexual”, afirma.
El denominador común que ven desde Unes con relación a las mujeres trabajadoras sexuales es que son del interior del país, llegan sin una idea definida de lo que quieren hacer en Asunción y son de escasos recursos económicos. En resumidas cuentas, mujeres totalmente vulnerables. “El 98% de las mujeres que trabajan ofreciendo servicios sexuales en Asunción y Central son del interior del país. La mayoría viene sin saber qué hacer y otras ya tienen definido que van a ofrecer servicios sexuales”, afirma Benítez.
Las mujeres llegan con hambre, ganas de trabajar en lo que sea, pero con algo que supera cualquier otra sensación: el miedo. “Tratamos de hablar con ellas, pero es muy difícil. Buscábamos estrategias para llegar a esas compañeras que no quieren ni hablar con nosotras, muchas que viven encerradas. Queremos que entiendan sus derechos... Muchas veces rompemos estrategias para llegar a ellas, que puedan confiar en nosotras. Desde la organización lo que hacemos es hablarles sobre sus derechos y, principalmente, trabajamos en la autoestima de ellas”, menciona Cabañas.
Dentro del esquema que hace a la trata de personas, el trabajo forzado de mujeres en el servicio sexual es una constante. El circuito empieza desde la propia Terminal de Ómnibus de Asunción, en donde trabaja el Departamento de Política de Género de la Municipalidad asuncena, justamente, por considerarla un punto muy estratégico en el “reclutamiento” de niñas y adolescentes para los burdeles. Solamente en el último mes, este departamento rescató a tres menores de edad que estaban a punto de ser abordadas por los “ojeadores” de dueños de burdeles que operan en la zona de la terminal. Paradójico que, mientras desde este Departamento municipal se lucha para evitar la trata, la propia municipalidad asuncena termina habilitando sin ningún control estos locales.
Para Cabañas, Aquino y Benítez, estos 12 años de trabajo les dieron muchas sorpresas, pero lo más sorprendente para ellas hasta ahora fue el desconocimiento de la mujer paraguaya en cuanto a sus derechos. “Es increíble lo ciegas que vienen las mujeres del interior del país, absolutamente ciegas en sus derechos. Creyendo que por ser trabajadoras sexuales pueden ser discriminadas, pueden ser totalmente ignoradas por las instituciones, eso definitivamente lo que más nos llama la atención en este tiempo en el que estamos trabajando”, dicen las activistas.
En cuanto a las Enfermedades de Transmisión Sexuales (ETS), desde Unes aseguran que existe una total conciencia en la organización sobre la necesidad de trabajar con responsabilidad y los cuidados correspondientes en este tema. En un país en el que la mayoría de las personas que son portadoras del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) desconocen que son VIH positivas, el que las propias trabajadoras sexuales manejen cifras de sus compañeras sobre esta realidad demuestra el alto grado de hipocresía con que la sociedad enfrenta una cuestión tan delicada.
“En un último informe de cero prevalencia, del total de las trabajadoras, apenas el 2% resultó con alguna ETS. Es decir, nosotros somos el sector que más nos controlamos, pero la sociedad nos ve como foco de infección. Sin embargo, la responsabilidad es compartida, porque si una persona viene a buscar un servicio sexual, también debe ser responsable en tomar los recaudos. Nosotros insistimos siempre y trabajamos con eso con las compañeras”, expresan Benítez y Cabañas.
Unes tiene un alcance de 1.300 trabajadoras sexuales en todo el país y trabaja desde 2003 en la promoción de los derechos de las trabajadoras sexuales del país. Cuenta con apoyo de profesionales psicólogos para trabajar principalmente en la autoestima de las mujeres y se encuentra actualmente elaborando un proyecto de ley de trabajo sexual, el primero que se prepara en nuestro país para el sector. “Salir y decir 'yo soy trabajadora sexual' cuesta mucho, por los prejuicios de la sociedad y la discriminación, y después lo que tiene que ser afrontar a la familia. Hay muchas compañeras a las que les cuesta, inclusive no quieren ser identificadas, y eso respetamos, pero buscamos estrategias para que entiendan que son mujeres que tienen derechos y que también forman parte de esta sociedad”, sentencia Cabañas.
Más allá de la persecución policial, de las extorsiones de los dueños de los burdeles y de los cientos de historias que cargan a cuestas, de las lágrimas derramadas tiempo atrás por la discriminación, hoy estas mujeres entienden que corren nuevos tiempos y que también tienen derecho a una vida digna como cualquier otra persona.
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