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Este primer vestigio de justicia se da a casi un año del inicio de las investigaciones.
El 5 de diciembre de 2013, los abogados Maximiliano Mendieta Miranda, Julia Cabello y Óscar Ayala en representación del grupo Atetadiegozode del pueblo Ayoreo formulaban la denuncia en contra del por entonces titular del Indi Rubén Quesnel.
Aproximadamente el 14 de marzo se oficializa el inicio de las investigaciones por el Ministerio Público, a través de la fiscal Alba Delvalle, por el hecho punible de lesión de confianza, que según el Código Penal puede ser castigado hasta con 10 años de cárcel.
Los aborígenes pertenecientes a la comunidad Cuyabia (ubicada al sur de Teniente Picco en el departamento de Boquerón, Chaco), fueron notificados sobre el despojo de sus tierras el 20 de noviembre de 2012, cuando el Indi, con la firma de Quesnel, comunicaba a la Municipalidad de Mariscal Estigarribia que el inmueble fue vendido a Julia Beatriz Vargas Meza (prestanombres de unos empresarios brasileños).
La escritura se realizó en presencia de la escribana Maribel Esteche Bareiro, quien llamativamente ya estuvo involucrada en otra transferencia de origen dudoso de la misma propiedad, mediante documentos de contenido falso.
Rubén Darío Quesnel Velázquez, expresidente del Instituto Nacional del Indígena (Indi), nombrado el 20 de julio de 2012, poco después del juicio político a Fernando Lugo, lograba sorprender con este baldazo de agua fría a toda esta comunidad aborigen, constituida en ese entonces por 19 familias.
Pasaron exactamente cuatro meses desde su asunción para que el funcionario público haya autorizado la venta del la finca número 10.245, que en su esencia es fraudulenta por lo dispuesto en la Constitución Nacional.
“Los pueblos indígenas tienen derecho a la propiedad comunitaria de la tierra, en extensión y calidad suficientes para la conservación y el desarrollo de sus formas peculiares de vida. El Estado les proveerá gratuitamente de estas tierras, las cuales serán inembargables, indivisibles, intransferibles, imprescriptibles, no susceptibles de garantizar obligaciones contractuales ni de ser arrendadas; asimismo, estarán exentas de tributo”, reza el artículo 64 en su Capítulo V.
La venta fue hecha por G. 1.250 millones, lo que equivaldría a G. 50.000 la hectárea, mismo precio que pagó el Indi en 1996. De esta manera, la venta fue concretada por un valor inferior al 10% del valor real en el mercado. Quesnel, en su defensa frente al Ministerio Público, sostuvo que el precio fue razonable debido a que el inmueble supuestamente estaba en litigio judicial.
Las publicaciones insistentes de ABC Color motivaron que Quesnel emitiera una resolución mediante la cual revocaba la aprobación de la transferencia, que pretendía justificar diciendo que se había tratado de un “error administrativo”.
Sin embargo, el hecho fue consumado, por lo que Quesnel no quedó eximido de su presunta responsabilidad penal. Esto fue materializado cuando el 20 de abril del 2013, la fiscal Alba Delvalle lo imputó tanto a él como a las dos involucradas: la “compradora” Julia Vargas y la escribana Maribel Esteche.
El 27 de marzo de 2013 Quesnel renunciaba a la titularidad del Indi antes de ser destituido, pues el día anterior el Ejecutivo había anunciado que el funcionario sería cambiado por mal desempeño en sus funciones, precisamente por este caso.
“No fui destituido, voy a presentar mi renuncia”, aseguraba Quesnel en una escueta comunicación con ABC Color, en la que responsabilizaba al diario de “atacarlo con publicaciones”.
El 12 de abril de 2013 la comunidad Cuyabia presentaba una querella contra Quesnel por lesión de confianza y por producción de documentos con contenido falso.
Irónicamente, el 28 de mayo del 2013 la por entonces ministra de Justicia y Trabajo, Lorena Segovia, hablaba de “garantizar la propiedad y posesión de las tierras y territorios de comunidades indígenas, respetando los derechos de los pueblos en aislamiento voluntario” en el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas llevado a cabo en Nueva York.
Incluso el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas manifestó su “profunda preocupación” al Estado paraguayo por la violación de los derechos humanos fundamentales de los indígenas.
Tras varias idas y venidas, la primera audiencia preliminar para Quesnel fue fijada para el 9 de noviembre de 2013 por la jueza Gricelda Caballero, pero fue suspendida teniendo en cuenta el pedido de Quesnel, quien había cambiado de abogado. Ya fijada nuevamente para el jueves 28 de noviembre, el Ministerio Público argumentó superposición de audiencias y solicitó una nueva postergación.
Esta vez, la tercera sí fue la vencida, pues finalmente el pasado 5 de febrero – chicana de por medio- la audiencia tuvo lugar y fue elevada a juicio oral.
Días antes, los nativos que se encontraban en la capital aguardando por la audiencia clamaban por justicia y expresaron, a través del líder de la comunidad Cuyabia, Unime Utamuracai, que las tierras deben ser recuperadas y que el Indi debe transferirlas a los ayoreos.
En definitiva, el grave retroceso a la reivindicación de los derechos de los pueblos originarios que se dio en este caso particular, podría sufrir un revés y esto depende sólo de la voluntad de los representantes de la justicia paraguaya.
(Cabe resaltar que en este recuento no se hace mención de otros hechos fraudulentos en los que Quesnel está involucrado y por los que está recluido desde hace meses en el penal de Tacumbú).