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En noviembre de año pasado el Secretario Ejecutivo de la Senad, Luis Rojas, les pidió a los senadores Arnoldo Wiens y Arnaldo Giuzzio, que escucharan a un narcotraficante detenido en la cárcel de Tacumbú. Los parlamentarios fueron, pero pactaron grabar todo lo que se decía en esa conversación y así se hizo.
Ezequiel de Souza, el narco, dio muchos detalles sobre sobornos y otras cuestiones ilícitas en la que estaban involucrados políticos, policías, jueces, fiscales y hasta miembros de la prensa. Los dos senadores lejos de presentar la denuncia ante el Ministerio Público y la Policía formalmente, optaron por el camino de la informabilidad.
Supuestamente se informó al presidente Horacio Cartes, al ministro del Interior, Francisco de Vargas y a otras personas, pero lo real y concreto es que nunca se investigó el caso, como la gravedad del mismo merecía.
Recién cuando en el mes de mayo se detuvo a Carlos “Chicharõ” Sánchez, el abogado de éste dijo que tenían en su poder una grabación comprometedora y donde se salpicaba a muchas autoridades que estaban en una “danza” de corrupción con el narcotráfico, el primero que dio la cara, pero en forma tímida y casi tratando de minimizar el caso fue el senador Arnaldo Giuzzio.
Pero cuando la grabación salió a luz, los senadores se mostraron muy consternados e incluso alegaron que el caso estaba siendo investigado, cosa que es mentira ya que solo un pequeño grupo de personas conocía el contenido del audio y se manejó más como un chisme, que como una información sensible que debía ser investigada por la fiscalía y la policía.
Ahora el mismo senado para cubrir el mal paso de dos de sus miembros quiere desviar la atención y pide interpelación para Luis Rojas, Francisco de Vargas y Javier Ibarra, por lo grave de las acusaciones que hizo el traficante contra ellos. Es raro que en noviembre cuando se hicieron las acusaciones las mismas no eran graves y hoy casi son una cuestión de Estado.
El parlamento una vez más hace causa común con dos de sus miembros para tratar de salvarlos y desviar toda la atención en otras figuras, que vienen siendo cuestionadas por otras acciones.
Muchas preguntas surgen de este tema, primero por qué se grabó la conversación, si la misma iba a ser guardada. Giuzzio fue fiscal y sabe perfectamente que esa grabación sin orden judicial no tiene validez en un eventual juicio.
Hay voces que señalan que la intención de ese audio nunca fue la de llevar adelante una investigación, sino que tenía otro fin. Cuáles, no se sabe... ¿Extorsión, “As” bajo la manga? Ahora que salió a la luz la conversación ya no se sabe el verdadero propósito.