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En el departamento de Cordillera, una de las obras más emblemáticas es el camino que conduce al histórico Cerro de la Gloria de la ciudad de Eusebio Ayala. Los trabajos están paralizados desde hace 30 meses (dos años y medio). El tramo Eusebio Ayala-Mómpox-Cerro de la Gloria, de 18,5 kilómetros, fue adjudicado en el 2010 por G. 13.139 millones al consorcio Tembiapo Porã (integrado por el Ing. Pedro Duarte, Ing. Óscar Bieber Benítez y el Arq. Daniel Gill).
La obra debía terminar en 24 meses, pero se cumplió el plazo y la firma solo construyó tres kilómetros de empedrado y colocó las bases para cuatro puentes de hormigón armado, pese a haber cobrado el 45% de lo convenido. El contrato fue cancelado en el 2011 por incumplimiento y el MOPC inició los trámites para la recuperación de los anticipos entregados, que hasta ahora no consiguió.
Esta misma firma fue adjudicada en el 2008 para la construcción del tramo Piribebuy-Caacupé (a Azcurra), de 17 km, por un monto de G. 12.304 millones. Se inició en mayo de 2009 y el plazo de conclusión estipulado fue 24 meses. Según un informe técnico del MOPC, hasta noviembre de 2010 las obras físicas alcanzaron el 73,9% de todo lo previsto, mientras el avance acumulado hasta diciembre llega al 87,3%.
La obra está atrasada 18 meses, con plazo vencido y faltan 3.200 metros para concluir el empedrado, además hay varios sectores donde solo se construyó media calzada. El 24 de mayo de 2012, el consorcio retiró todos sus equipos del campamento. Según una reciente nota del MOPC, comenzaron los trámites para rescindir contrato con la firma.
Otra de las obras estancadas es el tramo de 23 km que une las localidades de Arroyos y Esteros y 1º de Marzo. La pavimentación tipo empedrado fue presupuestada en más de G. 20.225 millones, se inició el 27 de julio de 2009 y el plazo establecido para su conclusión era de 30 meses. Luego de más de 54 meses del inicio de las obras, solo se ha realizado el 35%.
El MOPC concedió dos prórrogas, totalizando 23 meses, con lo que la obra debería concluir en octubre de 2013.
Finalmente, en varias ciudades donde se realizaron paladas iniciales para la pavimentación tipo asfáltica en zonas urbanas, los trabajos siguen sin ejecutarse o no concluyeron, como en el caso de Caacupé y Santa Elena.
Luque-San Bernardino
La derrota del PLRA en las elecciones generales del 21 de abril de este año tuvo sus consecuencias en el tramo Luque-San Bernardino, de 32 kilómetros. Los pobladores de las compañías Cañada Garay y Tarumandy son los más afectados.
En días de lluvia, los pobladores quedan prácticamente aislados porque las obras adjudicadas a la empresa Proel Ingeniería, del Ing. Augusto Ortellado, fueron abandonadas.
Los trabajos se realizan en dos frentes debido a la extensión de la vía y a raíz del terreno accidentado. La primera parte, que tiene unos 10 kilómetros, fue adjudicada a Proel Ingeniería SA por G. 27.407 millones y abarca toda la zona de Luque hasta el río Salado, mientras el segundo sector, de 21 kilómetros, está a cargo del Consorcio del Lago, integrado por EDB Construcciones (de Enrique Díaz Benza) y Chávez Construcciones, por G. 73.100 millones.
Según los pobladores de la zona, los obreros no aparecen por la zona desde el pasado 22 de abril, coincidentemente un día después de las elecciones generales en las que el PLRA perdió la Presidencia de la República.
Paraguarí
En el departamento de Paraguarí urgen asfaltado de numerosas vías. El asfaltado de la ruta intermunicipal que une a Caapucú, Quyquyhó y Mbuyapey, de 50 kilómetros, debe ser una prioridad para el nuevo gobierno, ya que es una zona densamente poblada y rica en producción ganadera.
De Caapucú a Quyquyhó (35 kilómetros), MOPC ejecuta actualmente a “cuentagotas” la pavimentación pétrea del trayecto. Los pobladores hace tiempo reclaman el asfaltado de la ruta, pero las autoridades ni siquiera el empedrado pueden terminar.
Similar situación ocurre con la ruta que une al distrito de Paraguarí con Pirayú, de 20 kilómetros. Este tramo conecta con las rutas internacionales I y II.
Pobladores ubicados en la “zona alta” de la región de Paraguarí, claman igualmente la pavimentación del tramo km 92 (del ramal Paraguarí-Piribebuy) con el municipio de Valenzuela. La vía que tiene unos 40 kilómetros corresponde a una zona productiva entre Paraguarí y Codillera. El camino está en mal estado casi todo el tiempo.
Por otro lado, los pobladores de las compañías Cerrito e Isla Ybaté exigen que concluya la pavimentación pétrea en el acceso Carapeguá-Nueva Italia, de 32 kilómetros. La obra fue adjudicada por casi G. 25.000 millones a la empresa de Chávez Hausman en 2009, y tenía como primera fecha de entrega diciembre del 2011. Sin embargo, quedan más de dos kilómetros para que termine la obra.
Los pobladores denunciaron que los primeros tramos pavimentados ya fueron destruidos por raudales.
La obra forma parte del proyecto de reactivación económica para la inversión en obras públicas del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). Una vez habilitada, permitirá descongestionar un tramo de la Ruta I.
Caazapá
El asfaltado del tramo Yuty-Caazapá de la Ruta VIII es una de las obras pendientes que recibirá el nuevo gobierno. Tiene 83 km y su construcción beneficiará principalmente a los pobladores de los distritos de Yuty, Caazapá, Moisés Bertoni, Maciel y Yegros.
En junio de este año fue anulada su adjudicación por exigencia del presidente electo, Horacio Cartes. Los habitantes de la zona esperan que la determinación haya sido para realizar un proceso serio, que permita que después de años de postergación se realice la obra.
Misiones
El asfaltado de la ruta San Juan Bautista, Misiones-cruce Yvyraty con empalme en la Ruta IV, así como el empedrado del camino San Ignacio-Yabebyry (que se encuentra atrasado) y el arreglo de la ruta internacional N° I “Mariscal López” se presentan como las obras que deben ser prioritarias en Misiones.
El asfaltado de 45 kilómetros de camino de tierra para conectar Misiones con Ñeembucú, a través del cruce Yvyraty, no se realizó durante el gobierno saliente porque el MOPC argumentó que no cuenta con fondos. Además existen varios caminos vecinales como el de Santa María, que une con Santa Rosa, que necesita reparación de los puentes y cunetas.
Más de 100.000 obreros, sin empleo por falta de fondos
El nuevo gobierno recibe más de 100.000 obreros del sector de la construcción que están desempleados por falta de fondos. Es que Obras Públicas y otros entes del Estado tienen deudas con las contratistas, que incluso se arrastra desde diciembre en algunos casos. Solo en el caso de esta cartera, la suma que se debe a las empresas ronda los G. 300.000 millones.
Uno de los principales problemas que ha sufrido este año el sector es la traba que puso el Congreso a los dos créditos del BID de US$ 100 millones y que debían ser utilizados para calzar obras sin presupuesto.
De hecho, desde el viceministerio de Finanzas de Obras Públicas confirmaron que sin los US$ 100 millones, las obras financiadas con fuente 10 (impuestos y royalties) quedarán paralizadas.
Se trata de los siguientes emprendimientos: El primer acueducto para el Chaco en toda la historia, la Costanera y Parque Bicentenario, viaductos en Madame Lych- Santa Teresa y Madame Lynch-Semidei.
Asimismo, las pavimentaciones asfálticas de la Ruta XIII, del tramo Caaguazú-Yhû-Vaquería; también de Concepción-Pozo Colorado y el de Luque-Yuquyry-San Bernardino.
Así como recapados en varias ciudades, 51 puentes de emergencia, la futura autopista Ñu Guasu y la construcción de pozos en el marco del proyecto nacional de inversión para agua y saneamiento en comunidades vulnerables (Senasa).
El proyecto de ley que aprueba el préstamo del BID ya fue sancionado por el Congreso, pero no cuenta con la firma del presidente de Diputados y, por ese motivo, no llega hasta el Ejecutivo para su posterior promulgación.
La Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco) ha venido advirtiendo sobre las consecuencias que trae la falta de pago del Estado. Las obras pequeñas, como empedrados, están paralizadas, en tanto que las grandes no paran, pero se reduce el ritmo de la construcción, con el consecuente aumento de costos.
La Cámara Paraguaya de la Vivienda (Capavi) también hizo hincapié en la necesidad de reactivar las obras públicas, que se encuentran semiparalizadas, contrariamente a lo esperado en el sector.