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Horacio Cartes, Hugo Velázquez y Juan Carlos Duarte se sumaron en el 2022 a una lista de personas que, según los Estados Unidos, estuvieron “implicadas en hechos de corrupción significativa”. De la misma también forman parte el exfiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, el actual diputado cartista Ulises Quintana y el fallecido senador Óscar González Daher.
El anuncio que hace la diplomacia estadounidense a través del Departamento de Estado se realiza como consecuencia de la Sección 7031 (c) de una ley especial del Congreso de ese país llamada “Ley de Asignaciones del Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados”, un documento que se renueva en cada periodo legislativo en los EE.UU.
La ley se enmarca en una iniciativa del Congreso de los Estados Unidos para hacer frente a nivel mundial a la cleptocracia - el sistema político donde prima el robo y el beneficio personal sobre el bien común - y para defender los derechos humanos.
Según el portal del Departamento de Estado, a través de esta ley “el Congreso establece que los funcionarios de gobiernos extranjeros y sus familiares directos no son elegibles para ingresar a los Estados Unidos cuando el Secretario de Estado tiene información fidedigna de que el funcionario extranjero ha estado involucrado, directa o indirectamente, con corrupción significativa y/o una violación grave de los derechos humanos”.
Horacio Cartes
El expresidente de la República, Horacio Cartes, fue designado por los Estados Unidos como una persona implicada en hechos de “corrupción significativa”. Esto sucedió en la mañana del viernes 22 de julio de este año a través de un anuncio hecho por el embajador de los EE.UU. en Paraguay, Marc Ostfield.
Según los EE.UU., “el expresidente Cartes obstruyó una importante investigación internacional sobre el crimen transnacional para protegerse a sí mismo y a su criminal asociado de un posible enjuiciamiento y de daño político”.
Si bien no lo menciona, se da a entender que este asociado es Darío Messer, condenado en Brasil a más de 13 años de cárcel por lavado de dinero.
Además, el Departamento de Estado de los Estados Unidos señaló que estas acciones de Horacio Cartes “perpetuaron la implicancia documentada de Cartes con agentes terroristas extranjeros de organizaciones del extranjero y otras entidades designadas por los EE.UU. que socavan la seguridad de los Estados Unidos contra el crimen y el terrorismo transnacional y amenaza la estabilidad regional”.
En este caso, la relación se establece con el caso del “avión iraní” que aterrizó en Paraguay para llevarse un cargamento de cigarrillos de Tabesa SA, la tabacalera del expresidente Cartes. Esta aeronave tenía vínculos con la Guardia Revolucionaria de Irán.
En consecuencia, Estados Unidos también designó como personas implicadas en hechos de corrupción significativa a los hijos de Cartes: Juan Pablo Cartes Montaña, Sofía Cartes Montaña, y María Sol Cartes Montaña.
En cuanto a las consecuencias, Estados Unidos decidió negar visas a Horacio Cartes y sus hijos, prohibiéndoles ingresar a ese país, donde el expresidente hace negocios. De hecho, Cartes no abandona Paraguay siquiera para viajar por turismo hace ya varios años.
Desde la Embajada de los Estados Unidos no dieron más detalles sobre si existe o no una investigación contra Cartes en ese país; aunque siempre dejaron abierta la posibilidad de más sanciones que pueden ir desde las económicas hasta la extradición.
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En Paraguay, la Fiscalía a cargo de Sandra Quiñónez no hace absolutamente nada para avanzar sobre la conocida “investigación abierta” contra el exmandatario. El caso está congelado hace varios meses.
Hugo Velázquez y Juan Carlos Duarte
Tres semanas después del anuncio de Horacio Cartes como implicado en hechos de corrupción significativa, el embajador Marc Ostfield hizo lo mismo con el actual vicepresidente de la República, Hugo Velázquez; y del entonces director de Asesoría Jurídica de la Entidad Binacional Yacyretá, el abogado Juan Carlos Duarte, amigo de Velázquez.
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El Departamento de Estado de los Estados Unidos sostuvo que Hugo Velázquez ofreció un soborno de US$ 1.000.000 a un funcionario público para obstruir una investigación. Para ello, según los estadounidenses, actuó en connivencia con Duarte. Además, ambos interfirieron en procesos públicos, según el anuncio oficial.
Además, la misma designación les fue aplicada a los familiares de Hugo Velázquez; su esposa Lourdes Maria Andrea Samaniego González y sus hijos Dionicio Adalberto Velázquez Giménez, Sonya Rebeca Velázquez Escauriza, y Hugo José Velázquez Escauriza.
También, dice la nota oficial, fueron declarados como implicados en hechos de corrupción significativa los familiares más cercanos de Juan Carlos Duarte: Ninfa Concepción Vera Moreira y Tamara Duarte Martínez.
“Duarte, un colaborador personal y profesional cercano del vicepresidente Velázquez, ofreció un soborno a un funcionario público paraguayo para obstruir una investigación que amenazaba al vicepresidente y a sus intereses financieros (....) Además, el acto de corrupción de Duarte, abusó y explotó su poderosa y privilegiada posición pública dentro de la Entidad Binacional Yacyretá, poniendo en riesgo la confianza pública en uno de los activos económicos más vitales de Paraguay”, sostuvo la nota de prensa del secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken.
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Velázquez, en ese momento, además de ser vicepresidente, era precandidato a la presidencia de la República por el oficialismo colorado. El día del anuncio, el político renunció a su candidatura y adelantó también que dejaría la Vicepresidencia. Cumplió lo primero, pero no lo segundo. Hoy día es el más alto funcionario público que recibió la designación y que sigue en funciones; aunque está prácticamente fuera del ambiente político y público, ya casi no ejerce poder alguno en las esferas del Ejecutivo.
Duarte, por su parte, renunció a la dirección de la Asesoría Jurídica de la Entidad Binacional Yacyretá. El oficialismo colorado se reacomodó días después y reemplazó a Velázquez con Arnoldo Wiens como el precandidato a la presidencia de las internas del 18 de diciembre.
Como también en el caso de Cartes, la Fiscalía le abrió una investigación a Velázquez y a Duarte, pero la pesquisa, al menos hasta ahora, avanzó hacia absolutamente ningún lugar.
¿Una designación ‘política’?
El Departamento de Estado de los Estados Unidos, si bien siempre está en control de los partidos de gobierno de turno, tanto el republicano como el demócrata; generalmente lleva adelante decisiones con fundamentos en la inteligencia que reciben desde sus representaciones diplomáticas.
La inteligencia de los EE.UU. es una de las mejores – acaso la mejor – del mundo, prueba de ello son los cables de WikiLeaks que se filtraron en 2010 y que dio un panorama de cómo se reportaba desde las diferentes sedes diplomáticas a Washington.
La Central Intelligence Agency (CIA), el brazo de la inteligencia estadounidense, es solo comparable al Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB), la antigua KGB; o el Mossad, la inteligencia israelí.
Pero basta con mirar en los archivos y ver que EE.UU. designó a otros “significativamente corruptos” como Javier Díaz Verón y Óscar González Daher bajo el gobierno de Donald Trump, a finales de 2019. Ya en 2021 fue designado de esa manera Ulises Quintana, en el actual mandato de Joe Biden.
Así se puede aventurar que, si bien las designaciones tienen un claro impacto político en el lugar señalado, son para Estados Unidos una potestad y hasta una necesidad como árbitro de la justicia en el mundo.
Impunidad
Tal vez uno de los hechos más vergonzosos para el Paraguay es que sea un país del exterior el que señale y dé a conocer los indicios de políticos corruptos, desnudando así la gran impunidad que existe en el sistema local.
Esto es aún más evidente al notar que la Fiscalía General del Estado, que en teoría debe velar por los intereses de todos los paraguayos, defiende solo a los más poderosos y los protege. Y más aún, sólo a un sector político de los más poderosos.
Hasta ahora nada ha cambiado localmente con estas designaciones, todas figuras prominentes del Partido Colorado y todas gozando aún de libertad e impulsando chicanas jurídicas para ganar tiempo. Lo único cierto y concreto: no pueden pisar los Estados Unidos. ¿Llevarán los estadounidenses las investigaciones a otro nivel?
Solo el tiempo dirá.